Finalmente, la sala penal del Tribunal Supremo, y no por unanimidad, ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. Una pena mucho menor a la que pedían las acusaciones, pero que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación para ejercer de fiscal general, 7.200 euros de multa y 10.000 más de responsabilidad civil. Una resolución inédita que, de nuevo, deja el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado en manos de la judicatura. Y más en un caso que afectaba directamente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder espiritual de la derecha extrema española.
De hecho, la condena llega porque la mayoría de los magistrados del Supremo han convenido que García Ortiz filtró a la prensa un correo donde el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, pedía un acuerdo al ministerio público para reducir una condena por dos delitos de fraude fiscal. Lo que en el argot judicial se llama «pacto de conformidad». Una estrategia habitual de los letrados, como es el caso, para que su cliente se ahorre una pena de prisión.
La decisión remueve la agenda política y excita aún más las tensas relaciones entre la Moncloa, el PSOE y el poder judicial. El máximo representante de un poder constitucional ha sido condenado y apartado de sus tareas, aunque la sentencia no será efectiva hasta que no se notifique formalmente. Una sentencia que aún está por escribir, pero que ya tiene todos los efectos políticos y abre un panorama inédito en la biosfera política y social española. Y que llega en pleno asedio judicial por corrupción al PSOE y con un intento de reforma del poder judicial impulsado por la mano derecha de Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Una propuesta que no ha sido bien recibida por la mayoría de togados.
Una sentencia aún por escribir
La sala, solo una semana después de acabar el juicio, ya ha decidido que García Ortiz fue el responsable penal de la filtración y, por tanto, lo declara culpable de un delito de revelación de secretos. Sin embargo, la decisión ha abierto una grieta previsible entre los togados, hasta el punto que la ponente designada, la magistrada Susana Polo, ha emitido un voto particular pidiendo la absolución del fiscal y ha tenido que ceder el redactado al mismo presidente de la sala penal y magistrado más veterano, Andrés Martínez Arrieta. Así, la condena cuenta con el apoyo de cuatro magistrados además de Arrieta: Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela; tanto Polo como Ana Ferrer, ambas del sector progresista, no ven ningún delito y de ahí nace el voto particular.
Como la sentencia aún está por escribir, solo se ha notificado el veredicto. Un detalle que expresa claramente cómo la magistratura ha ido deprisa, tomando una decisión trascendente solo una semana después de acabar un juicio que comportó el desfile de más de cuarenta testigos. Sin el texto con los argumentos de la resolución contra uno de los poderes más importantes del Estado, con autonomía propia dentro de la Constitución, aún no se puede certificar cómo el tribunal ha llegado a la conclusión de que García Ortiz filtró a la Cadena Ser el correo de la propuesta de pacto y la nota de prensa posterior. En todo caso, la decisión cae como una bomba de fragmentación en la estructura de poderes del Estado. Y, sobre todo, es una explosión en la línea de flotación del gobierno español, quien nombró a García Ortiz, defendido por la Moncloa de todas las acusaciones. Además, esta condena fortalece una figura trascendental en la estructura de la derecha española como es Ayuso.
Recursos del fiscal
El margen de maniobra del fiscal general es más bien escaso. El hecho de que sea aforado al Tribunal Supremo le reduce las instancias a las que puede acudir para intentar revocar la sentencia. En primer término, el fiscal general debe presentar un incidente de nulidad ante el mismo Tribunal Supremo, una especie de recurso de apelación, pero en la misma instancia judicial, que no acostumbra a hacer cambiar de criterio a la sala sentenciadora.
Ahora bien, aunque las escasas posibilidades que tiene este recurso, es un paso indispensable para llegar al Tribunal Constitucional. Así, una vez se haya superado el incidente de nulidad, quedará la vía libre para presentar un recurso de amparo ante la magistratura constitucional, por vulneración de derechos fundamentales. Un camino que podría favorecer al aún fiscal general si se tiene en cuenta la actual mayoría progresista del TC. El camino, sin embargo, debe decidirlo la defensa de García Ortiz, que dirige la Abogacía del Estado. Cabe decir que el fiscal general cuenta con un apoyo excepcional, la petición de absolución del mismo ministerio fiscal.
Decisiones
Tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el PSOE han sido los avaladores de la inocencia de García Ortiz. Sánchez afirmaba en una entrevista el pasado 9 de noviembre que el fiscal general era, simplemente, «inocente». La Moncloa ya ha anunciado que pondrá en marcha el «proceso de nombramiento» del sustituto de García Ortiz. Una decisión complicada porque la fiscalía se encuentra en un momento de máxima agitación interna. Cabe decir que una de las acusaciones populares era una asociación de fiscales muy conservadora, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En todo caso, el gobierno español ha adelantado que el elegido será una «persona del máximo prestigio profesional del ámbito del derecho». El problema será encontrar a alguien que esté dispuesto a asumir el cargo en medio de la trifulca interna y con una expectativa de poco tiempo si se hace caso a las presiones que claman la convocatoria de elecciones.
No se puede olvidar que la sentencia llega la misma semana que las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han acosado más al PSOE y a la cúpula que acompañó a Pedro Sánchez a la Moncloa, como el exministro José Luis Ábalos y el exnúmero tres de los socialistas y negociador con Junts, Santos Cerdán, que ayer salía en libertad después de 142 días en prisión.
Declaraciones
A pesar de todo, el gobierno español ha hecho una respuesta política de manual para no azuzar aún más la fiera. Aunque ha sido notorio que se muerde la lengua, ha señalado que si bien respeta la decisión del Supremo, no la comparte. En la misma línea se ha expresado el PSOE que no ha ocultado su desacuerdo con la condena tildándola de «auténtica vergüenza». También ambos han alabado la figura de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado». Pero Sumar y Podemos han ido un paso más allá. Los de Yolanda Díaz han definido la decisión de «golpe judicial en toda regla» e Ione Belarra, de «golpismo judicial». El portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, cree que la resolución envía el mensaje «Ayuso no se toca«.
En el otro lado de la balanza, las acusaciones del juicio no ocultaban su alegría por la condena. «Nadie está por encima de la ley», ha sido el comentario menos agresivo. Vox, que también era acusación popular, también ha tildado la sentencia como un «hito de la vergüenza del gobierno» y ha reclamado elecciones «por dignidad». Una petición que también secunda el PP, que compara la inhabilitación del fiscal general a la del presidente español, Pedro Sánchez.
Los jueces también han dado su opinión. Por un lado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) creen que la sentencia certifica que «el estado de derecho funciona». En cambio, Jueces para la Democracia (JJpD) ha lamentado el veredicto al considerar que «perdemos todos». A partir de ahora entra en juego una nueva dimensión, donde Ayuso, que ya enterró políticamente al exlíder del PP, Pablo Casado, ahora añade a la lista a todo un fiscal general, y, sobre todo, debilita aún más el liderazgo de Alberto Núñez Feijoo.
Dos documentos
La técnica del derecho procesal penal solo permite al tribunal establecer la verdad judicial en base a los hechos probados sobre los indicios y las pruebas presentadas por las partes. Para entender la decisión, hay que recordar que el caso comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Pero a medida que avanzaba la investigación y se implicaba al fiscal general cayó en manos del Supremo. Al cambio de juzgados también hay que añadir el cambio de relato, que ha variado en sintonía con el avance de la instrucción para llegar a dos opciones.
En primer término la supuesta filtración del correo por parte de García Ortiz a la SER, la noche del 13 de marzo de 2024. Un correo del 2 de febrero donde se negociaba la conformidad con la pareja de Ayuso. Por otra parte, la nota de prensa emitida por el ministerio público a las diez y veintidós minutos de la mañana del 14 de marzo. Una nota de prensa diseñada para desmentir una noticia de El Mundo, de la noche anterior, donde se afirmaba que era la fiscalía quien quería pactar. La nota de prensa se retiró de la documentación incriminatoria, pero el juez instructor, Ángel Hurtado, la reincorporó al sumario.
Dos hechos probados
Con estos dos documentos, la tesis acusatoria es que filtrar el correo era un medio que tenía como objetivo justificar la nota de prensa explicando el reconocimiento de los delitos. Pero la defensa y la fiscalía -haciendo equipo- replicaron que la única filtración es otro correo, en este caso enviado por el fiscal del caso, Julián Salto, al abogado de González Amador, donde le mantenía el acuerdo de conformidad a pesar de que hubiera trascendido a los medios.
+Un mensaje del cual se hizo una captura y se envió al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con permiso para usarlo. Y así lo hizo, entre periodistas «desde las 19:00» del 13 de marzo. Varios periodistas detallaron que conocían la información del pacto antes de que García Ortiz la recibiera oficialmente.
Una versión que remató la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, al asegurar que García Ortiz le había negado la filtración. García Ortiz insistió en que solo quería contraatacar la campaña de «desprestigio» del aparato institucional de la Comunidad de Madrid, contra la fiscalía. Al final, más que salir escaldado, ha salido mal.
