En plena locura por la instrucción de la causa Volhov sobre una posible trama rusa del Procés, que ya duerme el sueño de los justos, apareció otra trama con olor a Kremlin. Pero, en este caso, dentro del Centro Nacional de Inteligencia español, el CNI. En diciembre de 2023 estalló la noticia de la detención de dos agentes del servicio de inteligencia español. Dos figuras, por cierto, nada menores en la estructura de los servicios de inteligencia españoles. Ahora el caso se desmorona y apunta que uno de los principales analistas del CNI, ahora investigado, ha sido una víctima de la guerra interna de familias que desde hace tiempo socava el centro. La acusación principal fue que el mismo servicio de información concluyó que el arrestado pasaba información a la CIA, la agencia de información estadounidense. Un caso de revelación de secretos que puso en guardia al Estado.
Uno era un capitán de fragata que dirigía una de las áreas más sensibles de la inteligencia española: el área sobre Rusia. De hecho, se le acusaba de pasar información que los servicios españoles tenían sobre Rusia para entregarla a EE.UU.. El otro arrestado es un miembro de rango inferior que la División de Seguridad, la unidad de asuntos internos de La Casa –nombre del CNI en el argot de sus integrantes–, consideraba que le daba una mano. La coincidencia despertaba todas las alarmas, no solo por la pretendida conexión rusa del Procés, sino por otro caso -sentenciado-, el de Roberto Flórez, un espía del CNI que fue descubierto como doble agente de Rusia en el año 2007.
Cambio de paradigma
Pero un año y medio después el caso se ha dado la vuelta como un calcetín. El oficial de la Armada quedó en libertad el pasado mes de diciembre en una jugada estratégica de su defensa, dirigida por el abogado Ignacio Menéndez. Según ha podido saber El Món, la jueza de instrucción ha comenzado a reclamar la desclasificación de papeles y documentos del CNI que han «incomodado» a la dirección de los servicios de inteligencia. Las pruebas e indicios recogidos hasta ahora apuntan una flagrante vulneración de derechos fundamentales del investigado que la jueza quiere aclarar. Tanto es así que se ha negado rotundamente a entregar la causa a la Audiencia Nacional, que tampoco la ha acabado finalmente reclamando, y ha ordenado más diligencias.
El pasado 14 de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, encargada ahora de la investigación del caso, pidió tanto a la defensa como al ministerio fiscal y la Abogacía del Estado cuál era su posicionamiento sobre la prórroga de la instrucción a raíz de los indicios recogidos hasta el momento. Uno de los puntos que más inquieta a la jueza es el hecho de que el acusado, J.P., estuvo sometido a vigilancia, seguimientos, balizas de geolocalización de su vehículo, así como la intervención de sus comunicaciones privadas y profesionales desde el mes de marzo de 2022 hasta agosto de 2023, sin que, por ahora, aún no se haya hecho llegar al juzgado de instrucción la autorización judicial obligada firmada por el magistrado del Tribunal Supremo delegado del CNI, el presidente de la sala contenciosa Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, o su sustituto, el togado de la sala penal Andrés Martínez Arrieta.
De hecho, el ministerio público, el letrado del Estado y el de la defensa apoyaron la propuesta de la magistrada y defienden prorrogar la instrucción. En esta línea, los tres coinciden en calificar la causa «de altamente compleja». Además, hay que tener presente que la mayoría de indicios son tecnológicos y, por tanto, habrá que añadir un peritaje informático de las pruebas recogidas y de los aparatos que el CNI confiscó e intervino. Un problema, porque el Centro Criptológico Nacional, el brazo informático del CNI, no podrá ser parte en la valoración de este tipo de pruebas.
La magistrada investiga a fondo posibles vulneraciones de derechos en el procedimiento
Sea como sea, según ha podido saber El Món, la jueza ha admitido no solo la prórroga de la instrucción sino que ha ordenado la desclasificación de documentos que reclama la defensa del investigado desde el primer día. Dos peticiones de documentos a las que tampoco se han opuesto ni fiscalía ni la Abogacía del Estado. Así, la magistrada ha dictado que el CNI desclasifique y entregue al juzgado la solicitud a la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, «con la especificación de las medidas concretas que se solicitaron, los hechos que motivaron esta solicitud y la finalidad y razones para adoptarlas, la identificación concreta del acusado y la designación del lugar donde deban practicarse, la duración de las mismas y, si procede, la solicitud de las prórrogas correspondientes». Es decir, el informe interno que avaló la investigación sobre J.P.
Por otro lado, la jueza también ha dictado una providencia por la cual exige «la resolución motivada del magistrado del Tribunal Supremo, con las medidas concedidas y su duración y, si procede, el de sus posibles prórrogas, igualmente con su duración, firma digital y el resguardo de trazabilidad de la vía por la cual le sea remitida esta autorización a la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia». De esta manera, la instructora quiere contrastar la tesis de la defensa de que la intervención de las comunicaciones a un miembro del CNI, hecha por el mismo CNI, no cumplía los requisitos de la ley reguladora del centro.
Todo el contenido que quiere desclasificar la jueza
La jueza también ha pedido desclasificar «todos los contenidos con información clasificada del CNI» que habrían servido para argumentar la imputación. Es material de cinco teléfonos móviles, dos ordenadores, memoria USB y un iPad. Una prueba clave para deducir la trazabilidad de los archivos que el ministerio fiscal ha utilizado para sostener la acusación y que la defensa, hasta ahora, ha alegado que eran archivos parciales. La petición ahora la debe resolver la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que deberá desclasificar todo el contenido de los dispositivos que fueron intervenidos del acusado, una intervención que, por ahora, no se ha justificado legalmente y que podría generar un sobreseimiento de la causa por vulneración de derechos fundamentales.
La defensa del acusado recuerda que su cliente es un «firme veterano del centro que ha desarrollado diversos cargos de responsabilidad en tareas de mando de inteligencia contra información, de técnicas de prevención y de análisis», con más de 20 años de experiencia. Por tanto, considera que la prueba recogida hasta ahora y la que espera hacer con las diligencias que quedan por practicar, se acreditará que fue «víctima de una guerra de poder interna, una venganza entre familias» del CNI y que su último destino era «codiciado» por miembros «demasiado próximos» a la dirección de La Casa. Otra causa rusa que, como la Volhov, parece que se deshace.
Por otro lado, tampoco han podido detectar ningún incremento patrimonial del acusado que justificara el cobro de honorarios por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses. También cabe enfatizar que el oficial imputado pidió una excedencia al CNI tras estar destinado en comisión de servicios a los Estados Unidos en 2010. En este tiempo trabajó para una multinacional estadounidense, donde habría sido “captado por la CIA”, según la tesis de la imputación. Una opción muy débil por los términos con los que la evalúa, incluso, el ministerio fiscal.
Solo un topo ruso condenado
Todo indica que este caso no será como el de Roberto Flórez, que tiene en su historial haber sido el primer condenado por traición en la democracia española. De hecho, la CIA fue quien alertó al CNI en aquel caso. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a doce años de prisión el 11 de febrero de 2010 por un delito de traición. El espía, ya jubilado, recurrió en casación al Supremo, con Manuel Marchena de ponente, que confirmó su culpabilidad pero le rebajó la pena a 9 años de prisión. A pesar de la condena, nunca se supo cuál fue el alcance de la filtración de información y cómo había afectado al CNI. Ahora vive en las Islas Canarias.
