Es una institución de poder efectivo y real del Estado. Un tribunal especializado, que no especial, por donde pasan los casos más importantes y mediáticos que se judicializan. Un tribunal que marca la agenda política, social, económica y mediática de España. Es la Audiencia Nacional. Ahora, sin embargo, no pasa por su mejor momento. De hecho, está desbordada. Tanto es así que tres de sus magistrados instructores han puesto el grito en el cielo, incluso a través de sus autos. Resoluciones y providencias con las que advierten a las partes personadas en diversas causas que no tienen suficiente personal.
Tan grave es la situación que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por una de las bestias negras de la judicatura, Félix Bolaños, el pasado 17 de febrero, tuvo que llegar a un acuerdo con el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, para intentar detener el despropósito. El objetivo del acuerdo es «llevar a cabo una transición ordenada en el proceso de estabilización de plazas que ha provocado la salida de un número relevante de funcionarios en los antiguos juzgados centrales de instrucción y en la Sala Penal».
De esta manera, el ministerio autorizaba que 14 funcionarios interinos permanezcan en sus puestos actuales como «refuerzo y puedan hacer la transición con los nuevos titulares de estas plazas para poder dar continuidad a la tramitación de las causas». Aun así, las quejas continúan, por la sobrecarga de trabajo y la falta de trabajadores especializados. Incluso magistradas de instrucción, como la titular de la plaza tres de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia –el nuevo nombre del Juzgado Central de Instrucción 3–, María Tardón, continúan avisando de las carencias.
Tres magistrados presionan el botón de alarma
El acuerdo del ministerio con la Audiencia Nacional llegó tras la protesta encubierta de tres magistrados. Los titulares de los Juzgados de Instrucción Central 1, 5 y 6 –Luis Francisco de Jorge, Santiago Pedraz y Antonio Piña– advertían en sus resoluciones de febrero que la «falta de personal provocaba demoras en el funcionamiento del tribunal». Además, remarcaban que la sobrecarga producida por los «macroprocesos» aún obstruía más el funcionamiento de este tribunal. Por eso, subrayaban que priorizarían las cuestiones procedimentales más urgentes.
El argumento precisamente era esta estabilización de plazas que había provocado una verdadera desbandada de funcionarios. Un hecho que creaba un vacío de hasta 45 días, hasta que no se cubriera de nuevo la plaza. El pasado 27 de febrero, se añadió a la queja Tardón, que también recordaba que no podía asignar «casos no urgentes» a los funcionarios, lo que implicaría que cualquier consulta que se hiciera sobre estos expedientes «provocaría demoras en su resolución».
Desde la Audiencia Nacional, su presidente espera que los acuerdos con el ministerio se cumplan de manera rápida. Y, de rebote, han añadido al paquete de demandas al ministerio dos magistrados de instrucción más y cuatro para la sala penal, que también padece cierto colapso de vistas orales. La Audiencia Nacional, pues, sin suficiente tropa para poder afrontar la avalancha de macroprocesos que han marcado la agenda política de la semana.
