El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para pedir a las autoridades helvéticas que localicen a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por su vinculación con el Tsunami Democrático, según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado fuentes judiciales a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). García-Castellón, que acaba de enviar la causa al Tribunal Supremo para que investigue a Carles Puigdemont, la propia Rovira ya diez personas más por terrorismo, continúa con su ofensiva para implicar a la cúpula del independentismo con las protestas del Tsunami.
El magistrado también ha pedido información sobre una cuenta bancaria que vincula con la organización del Tsunami. Quiere saber los titulares de la cuenta, las personas autorizadas a operar, sus vinculaciones y cualquier documento de identidad que haya asociados. Además, ha reclamado una relación de todos los movimientos de la cuenta, que se creó el junio de 2020, y de cualquier cheque que se haya emitido.
Las acusaciones del juez contra Tsunami Democrático
En su resolución, el juez asegura a las autoridades suizas que el Tsunami era una “organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, integrada por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación a parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, que tenía por finalidad esencial subvertir el orden constitucional, desestabilizar económicamente y políticamente al estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. Y como prueba de estos objetivos cita la toma del Aeropuerto de Barcelona y el corte de la AP-7 en la Jonquera.
En cuanto al caso concreto de Marta Rovira, el magistrado de la Audiencia Nacional recuerda que la secretaria general de ERC está “huida de la justicia española” desde 2018 y la relaciona con el usuario de la aplicación del Tsunami que actuaba con el apodo Matagalls.
La maniobra de García-Castellón contra la amnistía
García-Castellón, que está a punto de jubilarse, tiene decidido presentar batalla contra la ley de amnistía. Este martes envió al Tribunal Supremo una exposición razonada para que investigue por terrorismo Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, así como al resto de investigados, entre los cuales hay Marta Rovira. El magistrado quiere que el Supremo practique algunas diligencias que él no puede hacer porque Puigdemont y Wagensberg son aforados.
