Ir por faena. El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se ha esperado a la celebración de las elecciones de el 12 de mayo en el Parlamento, para impulsar la causa del Tsunami Democrático. En una interlocutoria de doce páginas, al cual ha tenido acceso El Móm, el magistrado ha citado por videoconferencia los investigados Oriol Soler; Xavier Vendrell ; Marta Molina; Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el directivo de Òmnium Cultural, Oleguer Serra Boixaderas y el jefe de la oficina de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay. Así mismo, ha emitido una orden internacional a Italia para localizar Nicola Flavio Giulio.
Todos están investigados por un delito de terrorismo a raíz de las protestas postsentencia del Proceso. Con esta nueva resolución casi todos los imputados en la instrucción ya están citados por su comparecencia. De hecho, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, a través de la instructora la magistrada Susana Polo citó también por videoconferencia el presidente al exilio Carles Puigdemont y el secretario de la mesa del Parlamento, Ruben Wagensberg, también exiliado, pero en Suiza.
Más diligencias
En la misma interlocutoria, el magistrado aprovecha para ordenar más diligencias de prueba. En este sentido, encomienda a la Guardia Civil para que investigue si el 9 de noviembre de 2019 los Mossos d’Esquadra recibieron órdenes de la autoridad política para no actuar en las manifestaciones. También pide al instituto armado las actas de las Juntas Electorales sobre las protestas o discursos convocados por la plataforma de las movilizaciones durante la jornada de reflexión por las elecciones españolas de 2019. También en el mismo paquete piden al departamento de Interior de la Generalitat, si se comunicaron las protestas de Tsunami Democrático del día 9 de noviembre a las demarcaciones de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. Todavía hace una vuelta de caracol más reclamante al consejo ejecutivo de la Generalitat las actas de sus reuniones -secretas legalmente- por si conversaron de las protestas de Tsunami y si se decidió denunciarlo a la Junta Electoral Central.
