Será el próximo 23 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Lorenzo de El Escorial. La jueza titular, Míriam Matías, ha citado al ministerio fiscal y a Teresa Álvarez Miret y Josep Montmany Álvarez, hija y nieto respectivamente de José Álvarez López, un soldado catalán de la República que murió en el frente del Ebro y fue enterrado en el Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros. Un entierro de un cuerpo que fue exhumado ilegalmente del cementerio de Horta de Sant Joan (Terra Alta) y trasladado al santuario fascista.
Ahora la defensa de la hija y el nieto, que conduce el abogado Josep Rosell, espera que la vista sirva para poder avanzar con la petición de exhumación y de reconocimiento de los hechos. Una petición que la fiscalía considera razonable y no ha puesto ninguna traba de competencia, ni territorial ni objetiva, para poder certificar que «el cadáver de un soldado catalán republicano fue secuestrado por el Estado y enterrado en una fosa común». De hecho, es un paso imprescindible para poder hacer efectivo el objetivo final de los impulsores del proceso, denunciar a España por crímenes de guerra, al entender que no ha prescrito la acción. Además, entienden que también podrían abrir un procedimiento civil de reparación y poder reclamar una indemnización.
Una declaración, primera etapa
La resolución judicial que buscan la hija y el nieto de José Álvarez López es que se certifique que «murió durante la Guerra Civil, formando parte de las tropas republicanas, y que sus restos fueron trasladados durante la dictadura al Valle de los Caídos». De hecho, la misma administración del mausoleo confirmó que los restos están registrados con el núm. 5.289 y situados en el columbario núm. 1.226, lugar correspondiente a la Cripta Derecha.
Con esta resolución, bastante factible dada la ingente cantidad de prueba aportada, el abogado espera establecer lo que técnicamente se llama «la realidad y las circunstancias de tiempos pasados determinados». Una exhumación ilegal de un combatiente catalán. En concreto, José cayó abatido durante la batalla del Ebro y fue enterrado en el cementerio de Horta de Sant Joan. Pero en el año 1959, veinte años después de su muerte, y con el desconocimiento de la familia, José fue desenterrado y trasladado a la basílica franquista del Valle de los Caídos. A partir de aquí, los herederos quieren abrir una nueva vía hasta ahora no explorada que es la existencia de un crimen de guerra por parte del Estado español -delito que aún no ha prescrito-, dada la continuidad de los regímenes y los términos de la ley de memoria democrática.
