La batalla del Poder Judicial contra la amnistía que negocia Pedro Sánchez con los independentistas catalanes llega a Europea. Tal como ya hizo el PP, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación Profesional de Magistratura (APM) han enviado una carta a la Comisión Europea para alertar de los “graves episodios de ataque al estado de derecho” que suponen los pactos del PSOE con ERC y Juntos. El aviso de los jueces llega sin que haya un texto definitivo.

Según avanza Europa Press, los jueces han enviado las declaraciones adoptadas en los últimos días a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo, Charles Michel | ACN
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo, Charles Michel / ACN

La corrupción, clave del embate en Europa

También han denunciado los pactos ante la Red Judicial de Consejos de Europa. “Con el objetivo de obtener su apoyo para ser investido presidente del gobierno de España, el actual presidente del gobierno [español] en funciones ha pactado con un fugitivo de la justicia su impunidad por varios delitos, en ellos delitos de corrupción”.

La clave de todo es la palabra corrupción, puesto que la Comisión Europea ha advertido que miraría con lupa el texto de la ley de amnistía para asegurarse que no contraviene la lucha de la Unión Europea contra la corrupción y la malversación de fondos públicos. “El pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido a las leyes”.

Los jueces alertan que los pactos de Sánchez suponen “la abolición del estado de derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes”. La creación de varias comisiones parlamentarias para detectar casos de lawfare incluida en el acuerdo de Junts y PSOE ha sido lo detonante de la revuelta, puesto que tanto magistrados conservadores como progresistas han puesto el grito en el cielo por la medida.

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