La Junta Electoral Central (JEC) se personará en los recursos que la presidenta suspensa, Laura Borràs, y el Parlament de Catalunya han interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) contra la suspensión del acta de diputada de la líder de Junts en la cámara catalana. Así lo ha acordado el árbitro electoral este jueves. La JEC también ha decidido cumplir la petición del Supremo y enviar a los jueces el expediente de la suspensión que acordó el 3 de mayo, y emplaza los tres partidos que presentaron denuncias contra Borràs -Ciutadans, Vox y el PP-, así como en la cámara catalana, que recorrió aquella decisión, y Antoni Castellà, que la sustituye como diputada, a comparecer como interesados ante el Supremo en un plazo de cinco días.
El recurso de Borràs denuncia un «linchamiento público»
El equipo de abogados de Laura Borràs ha presentado el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la condenaba a cuatro años y medio de prisión, con petición de indulto, y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.
El escrito, de 197 páginas y al cual ha tenido acceso El Món, alega diferentes vulneraciones de derechos fundamentales y procesales para pedir la revocación de la sentencia. El recurso destaca que Borràs ha sido sometida al «linchamiento público» y a la “instrucción prospectiva” y tilde el juicio de “persecución política”. La defensa de la líder de Juntos también critica el carácter “combativo” al independentismo del presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos.
El Parlament alerta de los efectos
En su escrito jurídico para pedir como medida cautelar la suspensión de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), el Parlament pide al Supremo que no retire el escaño a Borràs mientras no haya una decisión firme porque, si lo hace, avisa que sería un hecho «irreversible». De hecho, afirman que la retirada de la credencial de la presidenta suspensa podría comportar “efectos irreparables”. Por un lado, para privar una persona del ejercicio de un cargo electo y, de otra, porque en caso de que haya una sentencia que dé la razón al recurso, podría ser muy difícil recuperar el acta.
