Pasaban pocos minutos de las diez de la mañana cuando ha empezado una nueva sesión del juicio a la presidenta suspendida del Parlamento catalán, Laura Borràs. El comienzo ha sido poco generoso para las defensas porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Maria Barrientos, y del tribunal que la juzga por prevaricación durante su etapa como directora del Instituto de las Letras Catalanas (ILC), ha anunciado a todas las partes que tumbaba las cuestiones previas planteadas. A continuación, la mañana se ha complicado para Borràs. El otro coacusado, el informático Isaías Herrero, ha mostrado abiertamente su pacto con la fiscalía y ha reconocido al tribunal, a preguntas del ministerio fiscal, que con Borràs hizo «un contrato de trabajo encubierto» y no solo «una concatenación de contratos menores». «Eran
A interrogatorio de la fiscal, marcado de cerca por Barrientos por formular preguntas proselitistas, ha detallado que con Borràs concertaron contratos de obras y servicio que no superaran el límite legal de 18.000 euros. En el mismo sentido, también habrían acordado aportar presupuestos «comparsa» para poder justificar la licitación. Herrero ha reconocido que estaba detrás de estos presupuestos comparsa. «Borràs sí que lo sabía», ha añadido. Antes de la declaración de Herrero, Borràs ha contestado a las preguntas generales de la ley y ha asegurado ante el tribunal que no reconoce los hechos y que «de ninguna forma» ha cometido «ningún delito». Tanto Borràs como Herrero se juegan 6 años de prisión y 21 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental. También ha declarado el otro acusado, Andreu Pujol. Borràs lo hará al final de la vista oral.
Mails y mensajes
La fiscal del caso ha exprimido el acuerdo llegado con Herrero, quien ha reconocido los hechos a las preguntas generales del tribunal. Herrero ha comenzado sus explicaciones concretando como conoció Borràs –en un premio literario en Vinaròs–. A partir de entonces quedaron que «le darían la vuelta a la infraestructura digital de la institución». Ahora bien, había que ir con cuidado porque los contratos y las adjudicaciones no podían superar los 18.000 euros. De todas maneras, el ministerio público ya se ha encargado de hacer constar que el importe total superaba con creces esta cantidad. Con esta fórmula habrían empezado a articular un sistema de fraccionamiento de contratos que ahora se tiene que discernir si son prevaricación y falsedad documental en destino.
Así, ha aprovechado que tenía Herrero en el banquillo para mostrarle y pedirle explicaciones y detalles de los mails aportados por la Guardia Civil. Unos correos que se han clasificado como documental 43 y que mostrarían las conversaciones y los acuerdos a fin y efecto que Herrero se llevara los contratos para elaborar trabajos digitales y de creación de webs de la ILC cuando Borràs era la directora. Herrero ha detallado que le pasaba los presupuestos a la cuenta de gmail de Borràs y con orientaciones sobre qué nombres tenía que usar o qué tenía que detallar como concepto en el presupuesto.
Barrientos pide explicaciones y la fiscal responde
El presidente del Tribunal ha parado el interrogatorio del ministerio público a la vista del detalle de las preguntas. De hecho, le ha exigido a la fiscal que «justificara la utilidad» de las preguntas. La fiscal ha argüido que quiere ilustrar al tribunal «del fraccionamiento de contratos» que se encadenan, en el mismo concepto que no era otro que elaborar una web. «No había una contratación recurrente –a través de contratos menores– sino la contratación encubierta de trabajador informático del ILC», ha aclarado la fiscal Assumpta Pujol.
Es decir, todo era por un mismo proyecto a través de varios contratos. Una especulación que Barrientos no ha visto clara y ha advertido al ministerio público que si intentaba acreditar alguna estafa o engaaño, esto no se estaba juzgando en este caso. El ministerio fiscal ha frenado y ha defendido que no quería acreditar ninguna estafa, fraude o engaño sino que los «contratos menores eran un contrato de trabajo como informático de la institución». El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha elevado protesta al tribunal argumentando que la «relación laboral» era un hecho nuevo de la acusación. Barrientos no ha admitido su razonamiento alegando que no se adquiere una condición por el hecho de que el fiscal lo diga como recurso documental.
Andreu Pujol, «amigos de adolescencia»
El interrogatorio de la fiscalía ha continuado con la participación del otro acusado, Andreu Pujol, que hacía los presupuestos comparsa. A Pujol la fiscalía le pide 3 años de prisión y, a la vista de la evolución del juicio, también mostrará su pacto con la fiscalía. Herrero ha manifestado que con Pujol son «amigos desde la adolescencia» y participó en el juego de los presupuestos comparsa. Así, presentaba presupuestos a nombre de Pujol como autónomo o de su empresa APMGC&CE SL, que incluso habían ganado alguna adjudicación. En este caso, le dio las instrucciones para confeccionar estas facturas y cobrarlas. Pero estos trabajos los hacía él mismo. En la parte final del interrogatorio de la fiscal, el ministerio público le ha mostrado un mail donde expresaba coloquialmente que «tenía miedo» a una auditoría porque tenía «trapis y marrones con la jefa», es decir, con las contrataciones con Laura Borràs.
