El Ayuntamiento de Girona ha decidido ejecutar la sentencia que le obliga a colgar el retrato de Felipe VI en la sala de plenos, pero busca una fórmula imaginativa para protestar contra la decisión de la justicia española y dejar claro que la ciudad “no tiene rey”. Así lo ha explicado el alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) donde asegura que “no tiene sentido” recurrir contra la sentencia porque “el Estado protege la monarquía” y rechazaría todos los recursos. “Ya sabemos cómo acabará”, lamenta.
Salellas cree que no hay motivos para “dar golpes contra una pared” e insiste en que el Ayuntamiento está buscando la manera de acatar la sentencia dejando claro que Girona es “independentista” y no reconoce la autoridad del rey español. “Soy un alcalde republicano, y por tanto no normalizaré lo que está pasando; Girona no tiene rey y quiere poder decidir”, asegura.
Más de una década sin retrato del rey
La sala de plenos del Ayuntamiento de Girona lleva más de una década sin tener colgado el retrato del rey español. Cuando el rey emérito Juan Carlos I abdicó en junio de 2014, el entonces alcalde de la ciudad, Carles Puigdemont, retiró su retrato y el de la reina Sofía y no lo sustituyó por el de Felipe VI. En aquel momento, los retratos estaban ubicados en la pared que da a los asientos donde se sienta el público que asiste a los plenos. A principios del mandato actual, el concejal de Vox Francisco Javier Domínguez exigió al gobierno municipal de Guanyem, Junts y ERC que volviera a colgar el retrato. Era la primera vez que la ultraderecha entraba al consistorio y, ante la negativa de Salellas, llevó la cuestión a la justicia, que le dio la razón.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Girona sentenció el pasado mes de abril que el Ayuntamiento está obligado a colgar “la efigie o el retrato” de Felipe VI en un lugar “preferente” del salón de plenos y que dentro del consistorio también debe haber la bandera española, aunque, en este caso, no hay “necesidad” de ponerla en el salón de plenos. El juzgado dio dos meses al consistorio que comienzan a contar desde el momento que se le notificó la sentencia, que lleva fecha del 29 de abril. Esto significa que el plazo está a punto de expirar. En el pleno de este mes de junio, Vox preguntó al gobierno municipal cómo pensaba ejecutar la sentencia y Salellas respondió que no se ha tomado “ninguna decisión” y que la resolución se está estudiando.
