«Grotesco», «condescendiente», «escándalo». Estos son algunos de los calificativos que utiliza la poderosa fiscalía del Tribunal Supremo español contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso que ha presentado contra la sentencia del segundo juicio a los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell en 2017. Un escrito de 33 páginas, al cual ha tenido acceso El Món, en que el fiscal Fidel Cadena carga desbocado contra una condena que considera débil para aquellos que «infamaron el Tribunal Constitucional» en Cataluña durante la preparación del referéndum del Primero de Octubre.
De hecho, el recurso de casación quiere aumentar la pena de los condenados y hace una dura crítica a los razonamientos expresados por los magistrados del tribunal que presidió Fernando Lacaba. Tanto Lacaba, que era el ponente, como los magistrados Francisco Segura i Maria Jesús Manzano decidieron rebajar de manera sustancial las penas impuestas en el primer juicio a Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet. El nuevo tribunal los condenó a cuatro meses de inhabilitación y una multa de 1.200 euros. La primera condena había sido de 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros a cada uno por desobediencia, y la quinta acusada, Mireia Boya, había sido absuelta.
Una resolución que contenía un voto particular que no se oponía a la condena, pero sí al hecho de que la abogacía del Estado se personara en el juicio. Era la segunda condena porque el mismo Supremo había obligado a repetir el juicio por vulneración de hechos fundamentales, una decisión justificada por el hecho que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, se tendría que haber apartado porque no garantizaba su imparcialidad. La fiscalía intenta ahora que la sala que preside Manuel Marchena de otro giro al caso y vuelva a condenar con más dureza a los independentistas de la Mesa de Forcadell, y carga contra lo que califica «condescendencia» de los jueces destinados en Cataluña.
Una comparación estrambótica del fiscal que presenta el recurso
El fiscal Fidel Cadena, un destacado miembro del sector
«Más que desobedecido, han injuriado al Tribunal Constitucional» afirma el recurso de casación, que añade que «se burlaron del sistema constitucional al permitir la aprobación de los textos normativos con que se dio apariencia de legalidad al referéndum sedicioso del Primero de Octubre». A partir de este razonamiento, Cadena hace una comparación estrambótica, cuando expone que «un conductor de un vehículo de motor sin permiso podría ser sancionado con una pena mínima de 1.800 euros», una multa más alta que la que se impone a los miembros de la Mesa de Forcadell en esta segunda sentencia. «Una comparación que resulta un escándalo», enfatiza el fiscal en su recurso.
La dura crítica al tribunal del TSJC
Entre los tres argumentos expuestos por el ministerio fiscal para pedir la revisión al alza de la condena, también hay el hecho de que considera «grotesca» la sentencia del TSJC. «Resulta grotesca como pena final de un episodio que permitió como génesis y embrión la apertura de un proceso que puso en jaque la vigencia de la Constitución española en Cataluña», alerta Cadena. Así, opina que los magistrados aplican una demora de más de 18 meses del proceso judicial para justificar la rebaja con el argumento de las dilaciones indebidas. Un cálculo que, para Cadena, es contrario al criterio del Tribunal Supremo. El fiscal acusa Fernando Lacaba de aplicar la doctrina «condescendiente de la Audiencia de Barcelona» en la sentencia para argüir la rebaja de la pena.
Por otro lado, el escrito concluye que el tribunal no argumentó «mínimamente las circunstancias personales de los acusados que puedan justificar una cuota tan exigua de 20 euros en el día». Así, reclama ayuda a Manuel Marchena para que imponga la misma pena que sentenció contra los consejeros del juicio del Proceso condenados solo por desobediencia –sin sedición ni malversación–, Carles Mundó, Santi Vila o Meritxell Borràs, que fue de cien euros en el día. Es lo que pedía la Fiscalía Superior de Cataluña en este segundo juicio a la Mesa de Forcadell y Cadena reclama que se aplique. Es más, también quiere alargar la inhabilitación y recalcular el cómputo, sin aplicar el criterio de inelegibilidad sobrevenida que utilizó el TSJC para rebajar la inhabilitación a cuatro meses, alegando que desde que empezó el juicio no se podían presentar a las elecciones. Cadena ruega al Supremo que empiece a aplicar la inhabilitación desde el momento de la última sentencia y más teniendo presente que «Anna Simó es consejera de Educación de la Generalitat».
