Última jornada del juicio a la presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs. Esta mañana, la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha comenzado la jornada con la intervención del ministerio fiscal para exponer sus conclusiones definitivas. Así, las fiscales del caso han rebajado la pena que reclaman por prevaricación y falsedad documental a los dos coacusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, que habrían pactado la rebaja con la fiscalía a cambio de reconocer los hechos, tal y como se ha constatado en las jornadas del juicio. De hecho, la fiscal ha asegurado que les aplicaba el atenuante por confesión. Pero mantiene la misma pena a Borràs.
Así, el ministerio público mantiene la petición de pena a Borràs de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación así como 144.000 euros de multa. En cambio, a Herrero, que tenía la misma pena, la fiscal le pide 2 años de prisión y 4 años y seis meses de inhabilitación por el delito de prevaricación y una multa de 7 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros, así como 1 año y diez meses de inhabilitación por falsedad documental. Para Pujol, la pena se reduce a 3 años de prisión y 30.000 euros de multas a 3 años y un mes de inhabilitación y un año y dos meses de prisión además de multa de 2.250 euros. Por otro lado, las defensas de Herrero y Pujol han mostrado su conformidad y la defensa de Borràs ha defendido la libre absolución.
Informes de la fiscalía
A partir del cambio de la petición de pena, han empezado las intervenciones de las partes para informar sobre sus conclusiones. La fiscal Assumpta Pujol ha desplegado oralmente su escrito de acusación, porque al final ha visto arreciada su tesis a raíz de las declaraciones y reconocimientos de los hechos explicados por Herrero y Pujol. Así mismo, ha defendido la credibilidad de los testigos que han inculpado o incriminado a Borràs. En este sentido, ha resaltado que han dicho lo mismo tanto a la policía, como en la instrucción como ante el TSJC en sus testificales ante el estrado.
En este contexto, la fiscal ha insistido que hubo fraccionamiento de contratos y que Borràs actuó como órgano de contratación, incluso, recibía ella directamente los presupuestos a través de un mail que no era ni el corporativo. En conclusión, la fiscalía entiende que el caso consiste en un «contrato de trabajo» encubierto del informático Herrero para trabajar en la Institución de las Letras Catalanas que se materializó a través de 18 contratos para el diseño y puesta en marcha de varias páginas web.
