Era una vista previsible, pero ha tenido toques de interés, sobre todo en la batalla entre las defensas del exilio y el ministerio fiscal del Tribunal Supremo. Esta mañana, durante una hora y tres cuartos, los abogados de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, y el abogado de Lluís Puig, Miquel Sàmper, se han visto las caras con Javier Zaragoza, la Abogacía del Estado y los letrados de Vox. Todos han querido aprovechar la vista oral para defender sus recursos contra la interlocutoria de procesamiento dictada por el juez instructor del Proceso, Pablo Llarena, el 12 de enero de 2023, a raíz de la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición.
La vista, además, venía determinada por la resolución que pueda llegar el 5 de julio, por parte del Tribunal General de la Unión Europea, sobre la inmunidad de los exiliados. En todo caso, las partes tenían que exponer sus planteamientos ya presentados en el Supremo por escrito. En concreto, por parte de Boye, dejar sin efecto la interlocutoria que reclama sus clientes por malversación y desobediencia. Sàmper se ha dirigido contra la resolución que le imputaba la adjudicación de Unipost al consejero Puig. Ha sido el fiscal Zaragoza, pero, el que a la vista de los argumentos expresados se ha quejado que durante cinco años la justicia española no ha podido encarcelar ninguno de los exiliados. En esta línea, ha acusado la defensa de Puigdemont de querer, cinco años después, «resetejar» el proceso al Supremo.
Un nuevo suplicatorio
Boye, que ha gastado 20 minutos de los sesenta que le había concedido el tribunal, ha comenzado su intervención defendiendo que, a la vista de la reforma del Código Penal, hay que pedir otro suplicatorio en el Europarlamento. De hecho, ha recordado que hay que adaptarse al nuevo marco legal que ha definido como causa del actual «caos procesal». «Hay que convivir con la reforma legal», ha señalado en referencia a la derogación de la sedición liderada por el gobierno español de Pedro Sánchez. La tesis de la defensa del exilio es que es imprescindible anular la interlocutoria de procesamiento de 23 de marzo de 2018 porque está «obsoleta». Así mismo, la nueva interlocutoria del mes de enero pasado, solo deja sin efecto unas euroórdenes por unos delitos, pero no puede servir para pedir un nuevo suplicatorio.
De hecho, el alegato ha consistido a plantear la situación que lo TGUE otorgue la inmunidad y todavía complique más la situación procesal que a parecer suyo han hecho «los políticos». Por eso, y siguiendo una imagen con el rugby, ha pedido «dejar de chutar la pelota adelante hasta salir del campo del derecho» y «empezar un tercer tiempo». En esta línea, ha resaltado que «hay que hacer los esfuerzos» para poner fin a una situación que no beneficia ni al derecho ni a los imputados ni a la justicia, a la vista de las resoluciones que se han ido dictando favorables al exilio catalán.
Por su parte, la defensa del ex consejero de Cultura Lluís Puig, ha concretado su intervención en los hechos para intentar convencer al Tribunal que su cliente no puede ser procesado por malversación. Así ha pedido, anular la interlocutoria de marzo de 2018 y la del 12 de enero pasado. Un argumento que las acusaciones han rechazado alegando que procesalmente podían mantener esta acusación. El abogado Miquel Sàmper ha manifestado que «no se ha generado ningún gasto ni se generará nunca» con Unipost en relación con el 1-O. Un hecho que fue la clave de vuelta de la acusación. En segundo lugar, Sàmper ha pedido que en caso de que se acuse por este delito igualmente, tendría que ser por el artículo 433 del Código Penal, de malveració atenuada, que «en ningún caso tendría que exceder de los 4 años» de prisión. Ahora le pedirían hasta 12 años.
