Será a las nueve y media de la mañana. Esta es la hora en que la poderosa sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha convocado para este jueves a los abogados del exilio, la Abogacía del Estado, el ministerio fiscal y Vox. Será una vista oral para analizar y exponer los recursos interpuestos por todas las partes contra la interlocutoria del 12 de enero, firmada por el magistrado instructor del Procés, Pablo Llarena. Una resolución con que reinterpretaba las acusaciones contra el presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, los ex consejeros Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí así como de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a raíz de la derogación del artículo sobre la sedición al Código Penal.
La vista, pero, estará muy puesta en una determinada una fecha, el cinco de julio próximo. Es el día que está previsto que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dicte su sentencia sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí como eurodiputados de Lliures per Europa. Llarena dictó una resolución con que retiraba las acusaciones de sedición y no las suplía por la de desórdenes públicos agravados. Así, dejaba solo en desobediencia la causa contra Ponsatí y Rovira, y aplicaba malversación al resto, con los mismos años de prisión. Pero las defensas recorrieron contra la resolución por tres vías: la negación de los hechos imputados, la prescripción y la ilegalidad de la interlocutoria de conclusión del sumario con el argumento de que el suplicatorio que se ha tramitado era por otro delito.
Tres magistrados y el Tribunal General de la Unión Europea
Así, los magistrados Vicente Magro Servet, Eduardo de Porras Ortiz de Urbina y Susana Polo García serán los encargados de escuchar los recursos de todas las partes. De hecho, el ministerio fiscal y los letrados del Estado defienden tanto la aplicación de desórdenes públicos como la malversación. Pero la cuestión troncal de la vista será en un punto procesal clave de la instrucción. Es decir, el próximo 5 de julio el TGUE dictará sentencia sobre la inmunidad del exilio. Después, todavía quedará una segunda instancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por lo tanto, la nueva interlocutoria de Llarena podría quedar parada si el TGUE avala que el presidente y los dos consejeros tienen inmunidad.
En todo caso, el recurso de la defensa del exilio recuerda que ahora Llarena ha hecho una nueva interlocutoria y, por lo tanto, al variar las acusaciones y los delitos, hará falta que se tramite un nuevo suplicatorio en la cámara europea. Además, en el caso de Ponsatí, la alegación principal es que el delito de desobediencia ya habría prescrito, y, en consecuencia, quedaría eximida de cualquier responsabilidad penal. Por otro lado, Lluís Puig, con la nueva acusación su defensa, también entiende que se tendría que tramitar una nueva euroorden si el Supremo lo quiere extraditar por malversación. De hecho, la defensa de Puig ha recorrido negando que los hechos imputados al ex consejero de Cultura, una adjudicación a Unipost, sea una malversación. La vista, pues, desbrozará la situación procesal en el Estado español, pero pendientes de la decisión de la justicia europea.
