Debate entretenido en el Colegio de la Abogacía de Barcelona sobre la constitucionalidad de una virtual Ley de Amnistía. El debate organizado por los letrados de Barcelona llega en un contexto político marcado por la negociación de una investidura para el gobierno español que dependería de una ley que eximiera de responsabilidad penal a los encausados por el proceso independentista. La cuestión ha despertado tanto interés que ha llenado la octava planta de la sede de la ICAB de colegiados que profesan posturas políticas divergentes, así como la ex consejera de Justicia, Lourdes Ciuró y su número dos, Quim Clavaguera.
El acto, presidido por el decano, Jesús M. Sánchez García, y presentado por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, ha sentado en una misma mesa a Esther Giménez-Salinas, síndica de Agravios de Cataluña, a Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal Ad Honoram de la Universitat Rovira i Virgili, a Joan Ridao, profesor agregado de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrado del Parlamento de Cataluña, así como a Mar Aguilera, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona. En el debate no se han ahorrado réplicas entre los ponentes que, a pesar de la importancia técnica y jurídica de la amnistía, han recordado que la cuestión es básicamente una decisión política. De todas maneras, en el debate le ha faltado gorjear más las características técnicas que tendría que tener una ley de este tipo.
Todos han coincidido que el legislador tiene que hacer orfebrería fina y cumplir con las condiciones de respeto por la víctima y establecer si tiene que ser por hechos, acciones o un plazo temporal, además de tener un consenso. Incluso, alguno de los ponientes, bastante refractario a admitir la «suspensión del Código Penal» con una ley de amnistía, como por ejemplo Gonzalo Quintero, la ha calificado de «necesaria» a pesar de que ha criticado que algún «sabio de la Moncloa haya pensado en cambiar el nombre de la norma para llamarla ’ley de alivio’”. También ha subrayado que se tiene que hacer sin prisas y con respeto por el derecho a la igualdad.
«Una amnistía no pone en cuestión al sistema»
Giménez Salinas ha abierto fuego dejando claro que la amnistía es un concepto más político que jurídico. Salinas ha repasado ejemplos históricos más o menos recientes, como la del Reino Unido con la cuestión de Irlanda o la de Portugal. Para la Síndica, una ley de amnistía tendría que cumplir dos requisitos. En primer término, que «los beneficios sean superiores a los perjuicios». Y, en segundo lugar, que «haya el máximo de consenso en todas las partes afectadas y que sea restaurativa”. De hecho, ella le pondría el nombre “de amnistía restaurativa, de restauración del daño».
De hecho, Salinas recuerda que elaboró un estudio sobre los indultos- que «es un perdón de quien tiene la propiedad del perdón»- y que, de retruque, avalaba la amnistía, que «no es un perdón». Giménez Salinas ha puesto uno de los elementos claves del debate sobre la mesa y es que, según su criterio, «la amnistía no pone en cuestión el sistema». «La amnistía es posible», ha remachado, pero ha advertido que una «amnistía no puede tener la mitad en contra». Por eso ha apostado para adjetivar la amnistía como restaurativa.
Un concepto político
Ridao ha comenzado su intervención coincidiendo con Giménez Salinas en el hecho que si bien la amnistía tiene un contenido técnico y jurídico es un concepto «eminentemente político». Ridao ha razonado que se tiene que hablar de la amnistía y negociarla con relación a un «contexto determinado» y no como un «concepto abstracto». «Una amnistía no es un olvido, es un juicio político respecto al pasado, que puede ser muy severo o puede ser prudente», ha argüido. «Los hechos que tienen que ser objeto de la amnistía no tendrían que haber sido perseguidos desde un punto de vista penal», ha defendido Ridao criticando el hecho que el Tribunal Supremo alegue conceptos como por ejemplo «violencia ambiental».
En esta línea, Ridao ha subrayado que la Constitución también incorpora valores y principios superiores como es el de la «justicia». Unos hechos que, por otro lado, Ridao ha recordado que acabaron con los condenados indultados y, incluso, con una reforma que derogó uno de los delitos que se habían aplicado a quien fue condenado. Para Ridao, el argumento que «la Constitución no lo tiene previsto» no se puede aplicar porque el cuerpo legal español y la doctrina hace constantes referencias. La Constitución no proscribe la amnistía, sino que da al legislador el poder de hacer la ley sobre el derecho de gracia.
Mar Aguilera ha puesto el foco en las condiciones constitucionales que reclama una ley de estas características. La profesora ha destacado que no tiene nada a ver la amnistía con los indultos, porque son dos conceptos diferentes. Una de las premisas de Aguilera es que esta ley «no tiene que avergonzar nadie». En esta línea, ha defendido que un texto así tiene que tener presentes derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva y tendría que ser ley orgánica para «alargar el consenso» y con una visión humanista.
Por su parte, Gonzalo Quintero se ha mostrado contrario a hacer una ley como la que más o menos se está explicando a través de los medios. En primer término, reclama que no sea una ley ‘ad personem’, que no sea un «fiasco» y que respete los plazos y los derechos fundamentales de las víctimas. «La ley tendría que obviar causas abiertas y cerradas, condenas posibles y condenas existentes, esto cabe en cualquier cosa menos en una ley que se diga de amnistía y esto respondería a una selección con criterio subjetivo», ha apuntado. «No puede ser una ley que suspenda el Código Penal durante dos meses», ha ironizado. Para hacer esta ‘amnistía’ haría falta otro tipo de debate y de hecho, ha argumentado que esta negociación no sería ahora si se hubiera aprobado un «indulto anticipado para Puigdemont». De todas maneras, Quintero, todo y las críticas a la negociación de la ley, cree que es «necesaria».
