Los analistas de la Guardia Civil reconstruyeron al detalle, con nombres, apellidos y fotografías,“lo que consideraron una «estructura embrionaria” que relacionaba al Tsunami Democrátic con el Consejo de la República. Así lo indica el oficio número 3078 de 12 de marzo de 2020, al cual ha tenido acceso El Món. Un atestado de la Unidad Central Especial 3 de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, entregado al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco de las diligencias 85/19, la causa de Tsunami Democrático.
Para diagramar la supuesta estructura, se hicieron decenas de intervenciones telefónicas e intromisiones con un software a distancia bautizado como Troyano que podía sustraer información de los terminales móviles. También hubo seguimientos físicos, rastreos en las redes y peticiones de información a compañías aéreas, así como otras “acciones operativas”. Los analistas de la Guardia Civil configuraron lo que denominan “esquema de vinculaciones” entre los investigados y concluyeron que habían descubierto una “estructura compuesta por un conjunto de personas de diferentes ámbitos profesionales”. Cada persona, siempre según la Guardia Civil, tendría “tareas específicas que evidenciarían un reparto de funciones coordinadas por un ente superior”. El ente superior sería el Consejo de la República y el proyecto era establecer una “república catalana”.
Esta estructura, “embrionaria” en aquel momento, estaría configurada por exdiputados de la CUP y de Podemos –Quim Arrufat, David Fernández i Albano-Dante Fachín–; Elies Campo, uno de los miembros del equipo de investigación que ha descubierto lo Catalangate; el entonces consejero Jordi Puigneró; los empresarios Joan Arús y Pau Escrich; el emprendedor técnico Jordi Baylina; el presidente de la Fundación Les Voltes, Jordi Matamala; el activista e impulsor de En Pie de Paz, Martí Olivella; la periodista Lluna Baltasar; el informático David Franquet; el activista Xavier Vidal —que los agentes vinculan con una paradigmática organización bautizada como “Red de Redes”—; el ingeniero Jaume Cabaní; la pedagoga Betona Comín —hermana del consejero exiliado Toni Comín—; y el activista Jordi Milla, que la Guardia Civil vincula con el colectivo Segona Onada. Los investigadores también vincularon empresas y entidades como el Proyecto Vocdoni o Catglobal.
Sospechosos de la “comisión de delitos graves con instrumentos complejos”
El atestado de los investigadores, que el juez avaló para continuar prorrogando las pesquisas del servicio de información del instituto armado, aseguraba que todos los que formaban parte del diagrama eran sospechosos de la “comisión de conductas delictivas graves”, fuera terrorismo o sedición. La comisión de estos delitos, no obstante, se llevaba a cabo “mediante instrumentos complejos de un elevado nivel técnico”. Además, se aprovechaban de la condición de ser cargos públicos o tener hilo directo, cosa que facilitaba “la publicidad” de sus proyectos. La Guardia Civil también enfatiza que había contactos con movimientos sociales y con autoridades belgas o en Perpiñán —sin especificar quienes— para la consecución de la independencia de Cataluña, “fin fundamental perseguido”.
El documento incluye fichas personalizadas de cada investigado con una selección de las conversaciones telefónicas intervenidas que sirven para construir el relato acusatorio. Además, incluyen las fotografías de los seguimientos y compilaciones de las actividades de los investigados, tanto en las redes como en los medios de comunicación, así como su actividad política. La tesis que intenta tejer la Guardia Civil es la relación de Tsunami Democrático con el Consejo de la República, así como con las empresas que estarían estudiando sistemas informáticos para facilitar la “desconexión de España” y la instauración de la república catalana. De hecho, en este atestado entendían que el Consejo de la República, que identifican plenamente con Carles Puigdemont, era “el ente superior” que dirigía el Tsunami Democrático.
Como prueba, los agentes aducen cómo es de “significativo el resurgimiento de Tsunami Democrático después de un mes de silencio mediático, cuando se hizo público solo un día después de que el presidente Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín, ambos prófugos de la acción de la justicia española, con residencia actual en Bélgica, tomaran posesión de sus escaños en el Parlamento Europeo”. En este fragmento del atestado, los analistas hacen referencia a un comunicado de Tsunami Democrático que celebraba que hubieran dado el acta de eurodiputados a Puigdemont y Comín el diciembre de 2019, un hecho que la Guardia Civil veía “como un tipo de triunfo por parte del espectro independentista catalán”.
El atestado también incluye un amplio reportaje fotográfico y una compilación de declaraciones en el acto multitudinario del Consejo de la República en Perpiñán el 29 de febrero de 2020. Así, destacan los “agradecimientos expresados públicamente a Tsunami” desde la tribuna de oradores, que consideran que se “podrían interpretar claramente como un discurso de enaltecimiento de Tsunami Democrático”.
“La génesis”, hacia la independencia
En este contexto, los analistas de la Guardia Civil consideran que esta estructura sería el canal para “la génesis” del proyecto para materializar las intenciones independentistas defendidas por el Consejo de la República y Tsunami. De aquí que la describan como una “estructura u organización embrionaria” que, en aquel momento, marzo de 2020, tendría como “raíz el Consejo de la República”. Según los investigadores, esta red “instrumentalizaba” otras entidades, fundaciones y empresas que, incluso, buscaban la manera tecnológica de “desarrollar las herramientas necesarias para implementar un segundo referéndum de autodeterminación y la desconexión digital”.
En todo caso, la Guardia Civil intentó convencer al juez de que el Consejo por la República y Tsunami Democrático, a través de las personas que formaban este esquema, trabajaban conjuntamente para “imponer un marco y una agenda política propia” de cara a lograr la “independencia de Cataluña”. Además, añadían otros componentes, como por ejemplo empresas domiciliadas fuera del Estado español. Para intentar sacar alguna información, se cursaron peticiones de auxilio policial y judicial internacional que no tuvieron respuesta o, en todo caso, no la respuesta que esperaban las autoridades judiciales españolas. El atestado, que supera las doscientas páginas, también analiza las empresas que supuestamente tenían que servir para financiar el proyecto o hacer efectivo el mandato del Consejo de la República con la ayuda de Tsunami Democrático.
