Nueva jornada del juicio a la presidenta del Parlamento suspendida, Laura Borràs, con la agenda marcada por las testificales. Un grueso de la prueba que interesa tanto al ministerio público –para acreditar las supuestas falsedades documentales– como a las defensas para demostrar que los trabajos se hacían bien y eran absorbentes. Precisamente, ha sido en el testimonio de Maria Arjona, una amiga de adolescencia del informático amigo de Borràs y coacusado, Isaías Herrero, cuando ha estallado la tensión entre el tribunal y la defensa de Borràs. Este martes se revisa una serie de testigos para acreditar o desacreditar el fraccionamiento de contratos cuando Borràs era directora del Instituto de las Letras Catalanas (ILC) y que ahora fundamenta una acusación de prevaricación y falsedad documental.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del tribunal del caso así como el ponente, Jesús Maria Barrientos, le ha ordenado a la testigo que no respondiera algunas de las preguntas que le formulaba Isabel Elbal, letrada de Borràs. La reacción ha sido inmediata. La abogada ha elevado una protesta recriminando a Barrientos que le «recortaba» el derecho de defensa de su cliente. Una acusación que Barrientos ha rechazado a pesar de que ha recogido la protesta. Elbal, finalmente, después de algún otro intento ha declinado formular más cuestiones porque «no preguntaría lo que quisiera el tribunal». Todo en un ambiente enrarecido por las declaraciones de ayer de los otros dos acusados que admitieron, después de pactar con la fiscalía, que acordaban con Borràs fragmentar contratos y presentar presupuestos comparsa para simular cumplir con los requisitos de contratación pública.
Un testigo, no un perito
La testigo en cuestión se ha subido al estrado para explicar que ayudó a Herrero en la gestión de la web de la Institución de las Letras Catalanas. Arjona ha narrado que cuando Herrero se encontró indispuesto porque «estaba muy mal» –problemas con las adicciones– hizo «de intermediaria» para trasladarle las incidencias que recibían de la ILC sobre la pàgina web. De hecho, ha detallado al Tribunal como Borràs la presentó ante un grupo de diez personas para que conocieran quién respondería a sus llamadas. Por este trabajo no cobró nada. Incluso, ha reconocido que tuvo a Herrero «en casa cuando estuvo indispuesto» y desde allí hacía trabajos informáticos, pero nunca para la empresa de la testigo que es autónoma.
En el turno de preguntas de Elbal, Arjona ha expuesto que Herrero consideraba su trabajo en la ILC como «monumental». «Le decíamos que tenía que dormir», ha añadido. «Nos comentaba con entusiasmo el trabajo que hacía en la ILC como una gran enciclopedia de las letras catalanas», ha glosado. Ha sido entonces cuando Barrientos le ha pedido a la abogada que no confundiera el testigo con un perito y ha ordenado a Arjona que no respondiera a las preguntas. «Aquí no estamos debatiendo ni la calidad ni el contenido de los trabajos», ha justificado Barrientos para advertir a la abogada que formulara preguntas sobre la contratación.
Camarón de la Isla y la prevaricación
Elbal ha acusado a Barrientos de limitar el derecho de defensa en cuanto que el ministerio público, en la jornada del lunes, tachó la relación entre Borràs y Herrero de «contrato encubierto» por su duración continuada en el tiempo. La abogada quería con el testigo de Arjona acreditar la duración de la relación entre la ILC y Herrero por la cantidad de trabajo ingente que comportaba. Barrientos ha cortado a la letrada aduciendo que los márgenes de la acusación los «fija una interlocutoria de apertura del juicio oral y no el ministerio fiscal». «Yo le digo los límites del debate», ha razonado el magistrado.
En este punto, ha tomado la palabra Gonzalo Boye, que también ha querido marcar los términos de su defensa indicando que las preguntas de su compañera iban dirigidas a constatar la singularidad de la contratación. Un hecho capital dando por sentado que el delito de prevaricación requiere «la arbitrariedad como elemento esencial» en la decisión de contratación. «Es cómo si hubieran querido contratar a Camarón de la Isla, porque es Camaron», ha ejemplificado Boye para constatar que se contrataba a Herrero por sus características particulares. Barrientos ha vuelto a cerrar la polémica y ha remarcado que ha apuntado la protesta emitida. El magistrado ha invitado a Elbal a continuar con el interrogatorio, hecho al que se ha negado alegando que no podía hacer las preguntas que el magistrado quería. Barrientos ha ordenado un receso.
