No hay semana que en la agenda del Tribunal Constitucional no haya un caso de política catalana sobre la mesa. Más bien, de casos sobre independentistas. La próxima no será la excepción. El pleno de la magistratura constitucional española debatirá el próximo 25 de marzo, el recurso que el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández así como sus diputados en la cámara catalana, interpuso contra la decisión de la Mesa del Parlament de validar los votos del presidente en el exilio Carles Puigdemont y del consejero de Cultura en el exilio, Lluís Puig.
Un recurso que, si se tiene en cuenta el recurso de amparo que interpuso en la pasada legislatura el PSC, se podría perder porque el mismo Tribunal Constitucional anuló el voto telemático de ambos, en una polémica sentencia de junio de 2024. Ahora bien, la reforma del Reglamento del Parlament, permitiría neutralizar los argumentos que los magistrados utilizaron para invalidar los votos de los dos diputados electos en el exilio.
No será el único asunto catalán que la próxima semana debatirá el Tribunal. Los magistrados también entran a deliberar la recusación presentada por Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, contra el magistrado José Maria Macías, en sus procesos contra la aplicación de la ley de amnistía como recurso de amparo. Macías ha sido apartado de otras causas relacionadas con la aplicación de la amnistía por su posición no solo contraria sino beligerante con la ley.
Ahora, el PP
El recurso del PP lo interpusieron contra el acuerdo de la Mesa de Edad, presidida por Agustí Colomines, que permitió los votos telemáticos para la constitución de la Mesa de la cámara catalana, con Josep Rull, como presidente. El acuerdo de la Mesa del 10 de junio pasado que impugna el PP declaró constituido el Parlament contabilizando los votos delegados de Puigdemont y Puig. El ponente del caso designado es Ricardo Enríquez Sancho, de talante conservador.
Es importante recordar que la primera fase del recurso ya dividió a los magistrados. La razón fueron las medidas cautelares solicitadas por el PP de suspender el acuerdo, que no se aceptaron a pesar de que los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel se opusieron. El argumento central del recurso es que consideran que la votación de Puigdemont y Puig atentaba contra el derecho fundamental de los diputados del PP al ejercicio de la función representativa. Un argumento bastante recurrente en los diversos procesos abiertos contra el voto telemático del exilio. De hecho, el TC anuló el voto de Puigdemont y Puig de la pasada legislatura solo cinco días antes de la constitución del actual pleno que impugna el PP. La decisión podría invalidar la constitución de la cámara catalana.
