La resolución de esta mañana de la sala penal del Tribunal Supremo que ha rechazado la amnistía para Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig deja la pelota en el tejado del Tribunal Constitucional. Un paso procesal que puede servir para avanzar el retorno del exilio en el sentido de que, al presentarse el recurso de amparo, se solicite el levantamiento de las medidas cautelares, como permite la ley de amnistía. De esta manera, si el TC estima favorablemente la petición, quedarían sin efecto las órdenes de detención mientras se decide sobre el recurso y así el retorno podría ser inmediato.
Este relato se ve entorpecido por dos realidades que afectan de lleno esta estrategia. Por un lado, la decisión de la fiscalía del Tribunal Constitucional, dirigida por Pedro Crespo, que ha anunciado que se opone a levantar la inhabilitación de Oriol Junqueras y Raül Romeva una vez se admita a trámite su recurso de amparo por inaplicación de la amnistía por parte del tribunal, una medida que sería equivalente a levantar las cautelares a los exiliados. Una señal evidente de que, en esta ocasión, la fiscalía no hará una defensa férrea de la aplicación de la ley del olvido penal.
Por otro lado, otro elemento son los continuos avisos del Tribunal Supremo, aunque ahora matizados, a los magistrados del TC sobre los posibles delitos que se pueden derivar de sus resoluciones. Y, por supuesto, las críticas políticas a su trabajo y decisiones. Dos frentes que diversas fuentes judiciales y jurídicas admiten que permiten especular sobre el papel del TC en la ley de amnistía, que quizás no es tan benévolo como en el caso de los ERO de Andalucía, donde sí han entrado a fondo en la interpretación constitucional del delito.
Cándido Conde-Pumpido, preocupado, avisa
Algunos magistrados del TC han criticado sin tapujos dos interlocutorias del Supremo que advertían soterradamente a los miembros del Constitucional sobre la posible responsabilidad penal que les podrían atribuir si contradicen su decisión de vetar determinadas amnistías. Una especie de guerra que se suponía que ya había quedado superada en los primeros años de la Transición. Los mismos magistrados, sin embargo, admiten que, en dos resoluciones posteriores a las más polémicas, el Supremo ha rebajado la amenaza. De hecho, el mismo presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, reconocía el martes en una conferencia informativa que sus compañeros de toga se sentían «amenazados» por «la vía penal» porque «tenemos un sistema en el que cualquier organización extremista puede presentar querellas» y «las presentan constantemente».
Aunque creen que este no será el camino, no las tienen todas consigo, a pesar de que en una última resolución la sala penal del Tribunal Supremo aseveraba, autoenmendándose, que el delito de prevaricación no se puede utilizar contra los magistrados del TC. En este sentido, hay que recordar que solo la advertencia levantó bastante revuelo en el TC porque rompía el principio de que la institución no pertenecía al poder jurisdiccional. Esto es que ningún tribunal inferior puede revisar las decisiones del TC, porque sus magistrados no pueden ser perseguidos por lo que digan en sus resoluciones y porque «el Código Penal regula el delito de prevaricación contra la administración de justicia» y el TC no forma parte de ella.
La amnistía, un campo de minas
Magistrados del TC, con su presidente a la cabeza, no ocultan su inquietud porque «constantemente se esté cuestionando la legitimidad del TC» que, de rebote, implica cuestionar todo el sistema institucional establecido en la Constitución. De hecho, enfatizan que no solo determinados poderes políticos lo cuestionan, sino incluso el Tribunal Supremo. Y aquí se abre otro capítulo de la guerra del alto poder judicial con el TC, con la amnistía como protagonista.
De ahí que la presión ambiental, tanto judicial como política, coarte a los magistrados del TC que tienen que aplicar la ley de amnistía, tanto a los condenados como a los investigados actualmente en el exilio. De hecho, fuentes consultadas creen que una pista de aterrizaje sería sentenciar la constitucionalidad de la ley de amnistía y mostrar su aval, pero desestimar los recursos de amparo de casos concretos, alegando que la interpretación de una ley penal como es la de amnistía corresponde a los tribunales ordinarios. En este caso, el debate entra en cómo se interpreta la malversación, ya que si el Supremo se mantiene en la actual interpretación ya nadie oculta que una posible salida de emergencia sería volver a reformar el delito del Código Penal, como incluso apuntaba el magistrado Pablo Llarena en una de sus resoluciones. Una situación que choca con las sentencias sobre el caso ERO de Andalucía, donde sí que los magistrados del TC entraron en la interpretación de los delitos para anular parte de las condenas.
Una respuesta pronto
De hecho, la respuesta llegará muy pronto. En primer lugar, porque los recursos de amparo al TC del exilio serán inminentes y tendrán que pronunciarse sobre la admisión a trámite y más cuando hay una limitación flagrante de los derechos fundamentales de los investigados. Y, por otro lado, porque el mismo Conde-Pumpido ya avisó que antes del verano habría una primera resolución de la ley de amnistía.
De todos modos, parte de los afectados por esta batalla institucional encuentran consuelo argumental en las declaraciones de Conde-Pumpido de este martes, si bien dejaba claro que el TC «está solo» porque, «a diferencia de otros tribunales», «no tiene quién lo defienda». «Ni el legislador, ni tampoco el gobierno, ni el TS ejercen un poder que solo responde ante Dios y la Historia», recordó el presidente del TC para agregar que «todos los poderes públicos responden hoy ante el TC» y, por tanto, «deben actuar sometidos a la ley y al derecho y, sobre todo, a la ley de leyes». Una expresión que suena a golpe de autoridad que puede beneficiar a los procesados y condenados por el Primero de Octubre.
