Comunicado de la poderosa Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que se ha reunido en sesión ordinaria, en el marco del debate público, mediático y político sobre la amnistía que hoy se ha presentado en sociedad. En el comunicado, difundido este mediodía, breve y conciso y con solo tres puntos, avisa que los otros poderes del Estado no pueden vigilar su trabajo. En el documento, firmado por unanimidad, los magistrados recuerdan que «el Estado de Derecho, en que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respecto a la división de poderes».
Un segundo punto, de los tres del documento, continúa con uno «afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución ia la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad a la aplicación de la ley. Por otro lado, «enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones». Así que «voz incompatible con la independencia judicial, la fiscalización o supervisión de la tarea jurisdiccional por otros poderes del Estado».
Enésimo posicionamiento de la judicatura
El comunicado, difundido este mediodía, en ningún caso hace una referencia explícita a la ley de amnistía acordada entre el PSOE, Sumar, ERC y Juntos por Cataluña. Ahora bien, su referencia es implícita dando por sentado que era una de las pocas magistraturas que no se había posicionado en el debate público. Hasta ahora las asociaciones más importantes de la judicatura, las del ministerio fiscal, los enjuiciados decanos entre otros habían puesto el grito el cielo para incluir el concepto lawfare en el acuerdo político entre juntaires y socialistas presentado jueves de la semana pasada. Con esta declaración institucional, el Supremo se autocoloca fuera de los instrumentos que el Estado habría utilizado para neutralizar los líderes independentistas desde el inicio del Proceso.
