Inadmisión a trámite. Esta ha sido la rápida decisión del magistrado Francisco Javier Pauli, como titular de la sección de Instrucción de Barcelona Plaza 7, con la querella presentada por la entidad jurídica Acció Cassandra para iniciar una investigación judicial del caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La decisión se ha ventilado en poco más de dos páginas.
De hecho, el auto de inadmisión, al que ha tenido acceso El Món, es muy breve y directo, y el magistrado afirma que «procede la inadmisión de la querella porque de su relato no se aprecian hechos constitutivos de delito». Asimismo, reprocha que en la narración de los hechos y de la prueba documental aportada no hay una concreción individualizada de la participación de cada alto cargo querellado, entre los que se contaban exconsejeros y exsecretarios generales del departamento de Derechos Sociales de los últimos gobiernos.
Recurso de la entidad
Acció Cassandra, a través de un comunicado, ha anunciado que «discrepa de esta valoración y considera que se debe tener en cuenta el conjunto del material probatorio existente, especialmente las denuncias y la condición de testigo protegido Roger ante la Oficina Antifraude de Cataluña, así como las diligencias abiertas en este organismo y en la Sindicatura de Cuentas sobre malversación, plazas fantasma y pagos indebidos».
Así, la entidad ha anunciado que persistirá en la vía penal y agotará todas las vías. Anuncian un recurso de reforma y, si procede, de apelación ante la Audiencia de Barcelona. «Haremos lo que sea para que el caso no quede reducido a un simple expediente administrativo«, afirma la entidad que dirigen los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell. En este sentido, aseguran que enfatizarán el contenido de la prueba documental aportada así como el hecho de que ni siquiera se ha trasladado la querella al fiscal.
Una querella ratificada
La resolución del juez llega solo cinco días después de que Gibert y Rosell ratificaran la querella ante el juez. Una querella presentada como acusación popular por la presunta malversación millonaria de fondos públicos y otros delitos graves en la DGAIA. La base de la querella era una posible trama de contrataciones irregulares, pagos indebidos por 167 millones de euros en prestaciones, “plazas fantasma” y el uso abusivo del procedimiento de emergencia, que habrían beneficiado a una red de fundaciones y entidades afines a cargos políticos responsables de la protección de menores en Cataluña.
La querella la dirigieron contra los exconsejeros Chackir el Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano, Dolors Bassa, el exsecretario general Josep Ginesta y los exdirectores generales Ester Cabanes, Ricard Calvo y Georgina Oliva, además de Jasone Latorre, directiva responsable de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Resilis y jefa de servicio SEVAP en Cataluña e Irene Casamitjana, también del SEVAP.
