Hacia el banquillo de los acusados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha emitido una interlocutoria con que ha decretado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el excúpula del Ministerio por la llamada Operación Kitchen, el operativo policial para conseguir ilegalmente la documentación en manos del tesorero del PP Luis Bárcenas con relación a la corrupción de la formación. Una operación dirigida por la policía patriótica.
La resolución, por otro lado, rechaza la petición de la acusación particular del PSOE, de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP. En todo caso, aclara que se podría hacer de manera subsidiaria, a través de la Administración General del Estado y siempre que los investigados resultaran condenados. Es decir, el juez evita que el PP como formación política salga escaldado del juicio, como mínimo, durante la vista oral.
La decisión judicial mantiene todos los delitos reclamantes por las acusaciones como por ejemplo descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, soborno, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita.
Toda la policía patriótica
Pero el exministro catalán a Madrid no estará solo al banquillo de los acusados. García Castellón también envía a juicio la cúpula de Interior y los principales miembros de la policía patriòtica, el aparato policial que actuaba clandestinamente en operaciones políticas del Estado. Así la lista incluye el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en el exdirector adjunto Operativo, el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera como jefe de la UDEF y posteriormente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, al comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.
En un segundo nivel, también envía a la vista oral a José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario de inteligencia jubilado y principal investigado a la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva, el confidente policial que aportaba información sobre Bárcenas. Ahora el ministerio fiscal tendrá que reformular, en tres días, su escrito de acusación porque quería dejar fuera el comisario Olivo y José Angel Fuentes Gago, que el juez ve con suficientes indicios para ser juzgados.
La resolución acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez i Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para García Castaño. De todas maneras, es probable que Garcia Castaño quede excluido a raíz de su estado de salud al haber sufrido un ictus grave.
