La trama rusa continúa viva a los juzgados y ha pasado de la causa Volhov a la Audiencia Nacional a la causa del Tsunami Democrático. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, ha aceptado la petición de los policías personados como acusación particular de investigar la presencia de espías rusos en Cataluña desde el 2014 hasta el 2017. De hecho, en una providencia dictada este lunes y a la que ha tenido acceso El Món, ha reclamado a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía todos los informes que instruir sobre la presencia de agentes de los servicios de espionaje rusos en Cataluña.
En un escrito de 13 páginas de la representación procesal de los dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), personados como perjudicados en la instrucción, reclamaron a García Castellón los informes policiales sobre la actividad de los servicios secretos del Kremlin en Cataluña. Este conjunto de actividades habrían tenido como protagonistas los agentes de la Unidad 29155 del GRU, el servicio de acción y de inteligencia militar ruso especializado en asesinatos selectivos y operaciones de sabotaje y de desestabilización. Una organización, por otro lado, de que nunca se ha confirmado su existencia.

Oficio al CNP
De momento, el juez ha accedido a la petición y así lo ha comunicado al ministerio fiscal y al resto de partes personadas. La diligencia ordena a la Comisaría General de Información del CNP que aporte los supuestos informes que habrían realizado. Unos testificados policiales, que atendido el escrito del acusación particular, se habrían filtrado a mediados de comunicación como El Confidencial, la Gaceta, la Sexta o El Periódico. Unos informes que no serían del todo nuevos por el juez.
En concreto, Manuel García Castellón abrió unas diligencias,con los números 86/19, sobre la hipotética presencia de estos espías. Unas diligencias que permanecieron secretas y fueron archivadas también como secretas. Cabe remarcar que el fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, se opuso en la investigación – y que ahora hace de ariete contra las pretensiones del juez de convertir la causa en terrorismo- criticó abiertamente y por escrito a los agentes por la debilidad de la investigación. A pesar de que varios investigados en la operación Volhov reclamaron estas diligencias, el juez los va denegar el acceso.
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