Revés del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, con la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para sentarlo en el banquillo acusado de revelación de secretos. Hurtado ha acordado reducir de 150.000 a 75.000 euros la fianza impuesta a Ortiz para asegurar responsabilidades pecuniarias. El instructor no incluye en la nueva cantidad la partida por la eventual multa por este delito que se pudiera imponer al investigado y que sí había incluido en el cálculo inicial. De hecho, fuentes jurídicas apuntaban que el magistrado había hecho los «números del Gran Capitán» y «se había pasado de frenada».
En un auto de cinco páginas, comunicado hoy a las partes y al que ha tenido acceso El Món, el magistrado explica que la acusación particular, en nombre de Alberto González Amador, -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– ha presentado recurso de reforma contra el auto de apertura de juicio oral, en el que solicita que se corrija el error material de integrar la multa contemplada por el delito de revelación de secretos en el cálculo de los 150.000 euros establecidos inicialmente. Además, hace referencia para corregir el error a la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya es pacífica.
Un error
El instructor indica que a raíz del recurso de González Amador se ha dado cuenta del error y afirma que ha introducido un elemento que no tuvo presente cuando se fijaron los 150.000 euros y, “ya que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y sin prolongar la decisión sobre este particular, por eso oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten”. De hecho, el recurso de González Amador está por resolver y deja abierta la cantidad sobre una posible responsabilidad civil que se pueda derivar del caso.
