El Govern de la Generalitat ha recurrido al Tribunal Supremo la anulación de buena parte del decreto de régimen lingüístico educativo que protege el catalán como lengua vehicular en las escuelas. Según ha adelantado el diario Ara, el gobierno presentó el recurso este viernes contra la decisión del TSJC de septiembre.
De esta manera, la Generalitat sostiene que “fijar el catalán como lengua vehicular no implica la exclusión del castellano”, como resolvía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El decreto de régimen lingüístico que la Generalitat aprobó en 2024 protegía el catalán como lengua vehicular, pero el TSJC anuló buena parte de este, dando así la razón en muchos puntos clave a la entidad españolista Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB).
Más concretamente, el tribunal declaró nulos una decena de artículos, o parte de ellos, que forman parte de la esencia del decreto, ya que fijaban el catalán, y el aranés en el Valle de Arán, como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje, como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa en las escuelas, de relación con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones.
El tribunal también anuló los artículos que establecen el catalán como lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o que sea la única lengua de acogida del alumnado recién llegado, ya que no prevé mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano. En cambio, la sentencia desestima el recurso contra artículos referentes a aspectos organizativos internos de la administración —el uso del catalán en la proyección externa de las escuelas, la lengua en los procesos selectivos o la acreditación lingüística del personal no docente—.
Defensa del modelo lingüístico de la escuela catalana
El decreto anulado de manera parcial se ampara en la ley de 2022, aprobada con el acuerdo de ERC, Junts, PSC y Comuns, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
En aquel momento, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya anunció que recurriría la sentencia, así como aseguró que el gobierno defenderá el modelo lingüístico de la escuela catalana “con toda la contundencia”. También apuntó que emprenderían todas las medidas que consideren oportunas.
Además, la consejera de Educación, Esther Niubó, también precisó que la sentencia no tenía ningún impacto en las aulas porque el decreto no había entrado en vigor aún porque ya estaba cautelarmente suspendido. En noviembre, sin embargo, el TSJC decidió levantar la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico y Plataforma per la Llengua pidió al Departamento de Educación que aplicara la parte de la normativa que sigue en vigor, poniendo de ejemplo la posibilidad de sancionar docentes que no cumplen los proyectos lingüísticos de centro, así como el requisito de C2 de catalán para los nuevos profesionales.
