Comparecencia esta mañana en el Parlamento del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acompañado de su inseparable mano derecha, el teniente fiscal Pedro Ariche. Bañeres ha asegurado ante los portavoces de la comisión de Justicia que el ministerio público ha informado «razonablemente rápido» sobre la aplicación de la amnistía a independentistas catalanes. Una felicitación extraña, teniendo en cuenta que desde que se aprobó la ley el pasado mes de junio, no fue hasta el miércoles de esta semana que la fiscalía informó sobre la amnistía de la causa madre del Procés.
Según los números de Bañeres, desde junio, cuando se aprobó la ley, el diciembre pasado, informó sobre 161 casos, mientras que este 2025 lleva ya hechos una docena de informes, aunque la ley fijaba un plazo de dos meses para su aplicación. Bañeres ha alegado que el ministerio público solo puede informar cuando el juez da el plazo para hacerlo. Además, el máximo representante del ministerio público ha insistido que no hay ninguna persecución contra el movimiento independentista sino contra personas concretas por supuestos hechos delictivos.
«Agentes que escuchan»
La comparecencia de Bañeres tenía como objetivo técnico presentar la memoria de 2023, justo antes de que se haga pública la memoria de 2024. De la memoria ha destacado el fenómeno de la reincidencia apuntando más bien hacia los jueces que no decretan suficientes prisiones provisionales o sobre la presencia de cocaína en el mercado negro, cada vez mayor. Bañeres tampoco ha querido entrar en el debate sobre la baja presencia del catalán en los juzgados.
Sobre las infiltraciones de policías españoles en movimientos sociales catalanes, Bañeres ha negado la mayor y ha esgrimido la cantinela habitual. En este sentido, se ha escudado en que no se trata de agentes infiltrados, sino de agentes de información que «escuchan» dentro del marco legal y siguiendo las instrucciones de sus superiores. También ha defendido brevemente la actuación del ministerio público en el ‘caso Pegasus’ de espionaje a políticos y activistas catalanes.
Algunas diputadas le han recordado que los juzgados catalanes conceden menos de la mitad de las órdenes de protección a víctimas de violencia machista que se solicitan, la cifra más baja del Estado. Bañeres ha dicho que el ministerio fiscal pide más o menos la misma proporción de órdenes que en el resto del Estado, pero no sabe el motivo por el cual los juzgados no las acuerdan más a menudo.
