Fernando Bermejo es el fiscal encargado de llevar la vista oral del juicio contra la familia Pujol Ferrusola. De hecho, el sumario le llega rebotado porque la fiscal original del caso, Belen Suárez, de la escuela de la fiscalía de José Maria de Mena, -todos ellos con larga carrera en Cataluña- ha sido promovida al Tribunal Supremo una vez se cerró la instrucción. Esta mañana, en la tercera jornada del juicio, a Bermejo, que no ha sido bendecido con una oratoria extraordinaria, le ha tocado replicar las profusas cuestiones previas expuestas por las defensas durante los dos primeros días de sesión.
Pero, eso sí, se ha dedicado en cuerpo y alma a desmentir la participación de la policía patriótica en el caso y en rechazar la gran sospecha, la gran sombra del origen político del caso. «¡Lo que no consta no se conoce!», ha sentenciado para negar «cualquier manipulación de las pruebas». De hecho, lo ha calificado de «rumores políticos» y ha aportado a la causa la sentencia del Proceso del Tribunal Supremo, lo que ha hecho levantar las orejas de las defensas porque ha sido un detalle que ha añadido más leña a la pira de sospechas de que la Audiencia Nacional celebra un juicio político. Bermejo ha intentado encajar en un guion preestablecido de respuesta a los problemas descritos por los abogados defensores.
En detalle, ha intentado rebatir la falta de concreción de la acusación, la falta de competencia de la Audiencia Nacional, vulneración de derechos fundamentales como diligencias fuera de plazo, prescripción de los delitos y la argumentada alegación de las defensas del origen prospectivo y oscuro de la investigación contra la familia del expresidente Pujol. Todas y cada una de las cuestiones han sido rechazadas por el representante del ministerio público, que incluso ha llegado a calificar de «excesiva pulcritud» las diferentes resoluciones de los jueces instructores del caso, José de la Mata y Santiago Pedraz.
No es un juicio político
Bermejo ha negado que haya ningún origen oscuro en el caso y ha valorado la denuncia en la Audiencia Nacional de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez; la denuncia policial de Javier de la Rosa y el curioso encuentro en la fiscalía anticorrupción entre el propietario de la entidad donde la familia tenía el dinero- la BPA, Higini Cierco y en la sede de la fiscalía anticorrupción donde aportaron documentación que, en buena parte, terminó en el sumario del Juzgado Central de Instrucción número 5. En todo caso, para el fiscal, y en referencia a lo que él mismo ha calificado «de operación Cataluña» ha dejado claro que «cosa que no consta, por supuesto, no se conoce». Un lema tomado de la doctrina del Tribunal Supremo y que las defensas tampoco han entendido a qué se refería exactamente.
Pero el fiscal ha aclarado enseguida sus intenciones. «Lo que no se puede hacer es introducir cuestiones de carácter político en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva, como es, en este caso, la investigación y el enjuiciamiento de unos delitos que son de blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, organización criminal y frustración de la ejecución y unos delitos fiscales«, ha argumentado. «No me adentraré en todo lo que se ha comentado del comisario Villarejo y otros; en definitiva, las pruebas propuestas para practicar el penal no han sido manipuladas, con ningún fin espurio, y han sido obtenidas con pleno respeto a los derechos de los acusados», ha aseverado sin más explicaciones.
«Rumores políticos»
A continuación, Bermejo ha mostrado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Primero de Octubre sobre «el análisis de las posibles vulneraciones de derechos fundamentales». Una resolución que, precisamente, no sostendría la tesis del ministerio público de que el juicio a los Pujol no es político, pero cada uno tiene su manera de ver las cosas. Según el razonamiento de Bermejo, alegando las maniobras de la policía patriótica y la vulneración de derechos fundamentales «se nubla el análisis y se convierten las legítimas actuaciones del Estado en actos represivos llamados a subyugar al pueblo». Una frase escrita por Manuel Marchena en la sentencia de octubre de 2019.
Por eso ha reprochado que las defensas pidan que el «tribunal entre a valorar supuestas maniobras irregulares ajenas a los hechos juzgados y ajenas a la prueba». «Se ha querido convertir rumores políticos en causas de nulidad» ha añadido. «Pero este tribunal ni ningún tribunal de un Estado de Derecho puede admitir que hipótesis no acreditadas sustituyan en todo caso requisitos estrictos y taxados de la nulidad procesal», ha concluido. Por eso ha pedido continuar el juicio sin admitir ninguna de las cuestiones previas porque también ha negado la prescripción de los delitos, ha defendido la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el caso y la legalidad de la prueba acordada. Por otro lado, sobre la falta de concreción de las acusaciones, se ha limitado a insistir en que habrá que ver el desarrollo del juicio y que es más una cuestión de fondo que no de cuestiones previas.
