Esta semana no será de las más recordadas por Pedro Sánchez ni por el PSOE. El calendario judicial del asedio a la Moncloa tiene las fechas marcadas en grande y rojo. El lunes, la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, pasó por el banquillo en una sesión de audiencia preliminar antes de ir al juicio por Tribunal del Jurado. Una jornada que sirvió para dejar en manos del juez instructor si retira el pasaporte a la esposa del inquilino de la Moncloa. Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, no deja de entregar atestados sobre la presunta trama del PSOE para torpedear investigaciones que afectan a la formación. Pero si un caso se lleva la palma es la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Un caso, bautizado como Plus Ultra, que toma el nombre de la compañía aérea hispano-venezolana, que recibió 53 millones de euros de ayudas, supuestamente por la influencia de Zapatero. El procesamiento del exlíder del PSOE es un duro golpe para el sanchismo que lo había convertido en un referente del socialismo moderno y lo dibujaba como el padre del actual socialismo español y como un tótem de la actual dirección. Zapatero era una pieza clave en las campañas electorales del PSOE, como en las recientes elecciones en Andalucía, o bien del mismo PSC, con una campaña intensa e intensiva en Cataluña, con mítines en Lleida, Girona o Tarragona.
Este miércoles, el PSOE sufrirá de nuevo un trance que supone un verdadero callejón sin salida, Zapatero sentado delante del juez interrogado por la fiscalía anticorrupción, los letrados del PP y el magistrado instructor del caso, José Luis Calama. Un juez, que a pesar de hacer todo lo posible para evitar que haya más circo del necesario, no ha podido detener el juicio paralelo del caso. De hecho, Calama ha ordenado y puesto en orden las acusaciones populares y aunque permitió aplazar la declaración de Zapatero, no le ha permitido posponer la declaración por las joyas después de la tasación que las valoraban en más de 1,3 millones de euros. Un valor que ha generado dos imputaciones más, por contrabando y delito fiscal. Ahora el PSOE cruza los dedos a la espera de que Zapatero dé explicaciones racionales de todo ello.
Dos días de declaraciones
En principio, Calama debe declarar como investigado este miércoles y jueves por las presuntas irregularidades en el uso de los fondos de rescate para la aerolínea Plus Ultra y su presunta influencia para conseguirlo, además de las joyas que le fueron confiscadas. De momento, el juez indiciariamente lo considera el supuesto líder de una «estructura estable y jerárquica de tráfico de influencias» con el objetivo de «obtener un beneficio económico». En su famosa interlocutoria de 85 páginas, el magistrado señalaba que la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) había confirmado la existencia «de un plan organizado que implicaba el ejercicio ilícito de influencia, estructurado y dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero».
En resumen, el magistrado atendiendo las pesquisas policiales, apunta que el exlíder socialista «puso sus contactos personales y su capacidad de acceder a altos cargos del gobierno al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». Todo ello para obtener una «ganancia económica a través de la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros». Además, el juez siguiendo la estructura dibujada por parte de la Unidad aportaba una serie de sociedades donde facturaba Zapatero a través de su amigo Julio Martínez. También incluye en el paquete las empresas de sus dos hijas dedicadas a la comunicación en las redes sociales.
El teléfono, clave
Uno de los puntos fuertes de la declaración será la manera en que se ha obtenido información a través del contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra. Unos datos aportados policialmente por la Agencia norteamericana de seguridad interior y que ahora el juez quiere transformar en prueba indiciaria a través de una comisión rogatoria internacional.
De hecho, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, registró un escrito que argumentaba la «falta de información completa» sobre la intervención del dispositivo de Reyes, así como el método utilizado para extraer los datos y el almacenamiento y custodia del dispositivo al que accedió la policía norteamericana.
Por lo tanto, Moreno argumentó que su objetivo es «verificar si las conversaciones que presuntamente constan en el aparato —y que han sido analizadas por la policía y la Fiscalía— cumplen realmente los requisitos de autenticidad, integridad y legalidad que son esenciales para que se consideren admisibles como prueba en procedimientos penales». Un aspecto delicado porque podrían perjudicar los indicios recogidos hasta el momento.
Una boutique financiera
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha emitido dos informes que ha entregado al juez instructor del caso Plus Ultra donde define como “boutique financiera” el entramado societario que lideraba Zapatero. Los analistas de la UDEF concluyen que los indicios recogidos, la línea temporal de los hechos y las conversaciones analizadas “proporcionan un relato detallado del uso de los canales de influencia” para obtener fondos públicos. Dos canales que bautizan como “canal Ábalos”, en referencia al exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, juzgado por corrupción en el caso Mascarillas, y el “canal Zapatero”, un poco más sofisticado. Pero, al fin y al cabo, según los investigadores, las dos vías confluían.
En el caso Plus Ultra y la obtención de 53 millones de ayudas públicas para superar el callejón sin salida de la pandemia de la Covid, la policía interpreta que el socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y los directivos de la aerolínea hispano-venezolana Julio Miguel Martínez Sola y Roberto Roselli Miele articularon una “estructura formal identificada para canalizar pagos ilícitos a cambio de la influencia ejercida a través de esta boutique financera”. Un sistema que, según los investigadores, “habría facilitado la apropiación indebida de fondos públicos mediante el ejercicio de influencia, organizada con la finalidad de recibir pagos” por servicios de esta naturaleza, es decir, conseguir ayudas y dinero público. Unas influencias que, atendiendo a las conversaciones aportadas a los informes, implicarían también a la fiscalía. Mañana comenzarán las explicaciones.
