El caso Montoro continúa en medio de un verdadero Vietnam procesal que choca con la resistencia del titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus. El despacho Equipo Económico, uno de los principales acusados, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Tarragona en respuesta a la negativa del magistrado de enviar la causa a los juzgados de Madrid, firmada el pasado mes de abril.
Según detalla Europa Press, Equipo Económico considera que el juez es «incompetente» para instruir la causa. De hecho, esta asesoría también se unía a la petición de varias defensas para trasladar la causa. El argumento principal de Equipo Económico es que no hay ningún hecho en el sumario que se haya registrado en la demarcación judicial tarraconense.
El juez investiga, desde hace siete años, si desde el Ministerio de Hacienda, cuando estaba en manos de Cristóbal Montoro, se impulsaron leyes y reformas legales para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes de Equipo Económico, despacho fundado por el exministro –aunque oficialmente se desvinculó en 2008– y su hermano.
«Solo primeros indicios»
Ante el recurso, el juez mantiene su competencia porque en Tarragona es donde «aparecen los primeros indicios del caso en Tarragona». Un hecho que Equipo Económico cree que no es suficiente. «Los pagos efectuados desde Tarragona constituyen, en el mejor de los casos, actos preparatorios o instrumentales», apunta el recurso. Por otro lado, critica la resolución del juez con la que insiste en mantener la causa porque la «comisión efectiva» de los delitos por los cuales se instruye la causa como soborno, influencia o inducción hacia autoridades o funcionarios.
La defensa de la empresa interpreta que «intentar, a pesar de esto, establecer el lugar de comisión en Tarragona equivale a confundir el contexto del origen de los fondos con el de la ejecución de la conducta delictiva, trasladando artificialmente la jurisdicción territorial y contradiciendo la descripción de los hechos proporcionada por la misma resolución». «Si se alega que la influencia o la interacción con las autoridades fue directamente desde las mismas empresas con sede en Tarragona, entonces no quedaría claro cuál habría sido el papel real de Equipo Económico en la presunta comisión del delito», argumenta el recurso.
En la misma línea, el recurso incide en que los correos electrónicos descubiertos durante el registro en las oficinas de Messer -una de las principales empresas investigadas-, con sede en Tarragona, «son insuficientes» para «determinar qué tribunal tiene la jurisdicción territorial sobre la investigación». La defensa de la consultora destaca que hay una «contradicción difícil de conciliar en cuanto a la determinación del lugar donde se cometieron los delitos». De esta manera, destaca que el juez señala que los delitos se «cometen desde Tarragona porque simplemente es donde se encuentra la sede de Messer» y sería desde esta sede donde se cometerían los delitos de soborno e influencia a funcionarios o autoridades públicas.
