Con 22 páginas, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha tenido suficiente para justificar con un auto el encarcelamiento sin fianza del ex número tres del PSOE Santos Cerdán. Justo después de tomarle declaración como imputado en el marco del caso Koldo, en el que se investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas. Un sumario en el que también se investiga a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, así como a cinco empresarios que habrían participado en la trama de pagos y cobros. Un sumario que, por otro lado, está haciendo tambalear la legislatura de Pedro Sánchez, con una incomodidad manifiesta de Junts y ERC que, hasta ahora, han salvado los muebles al gobierno español.
Cerdán ha ingresado en prisión porque el estado embrionario de la investigación hace que el juez vea en su libertad un «riesgo mucho mayor de ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes». De hecho, hay quienes ven también, detrás de este encarcelamiento, el miedo de que Cerdán pueda destruir pruebas o indicios de otro caso que lo acosa, el de Leire Díez, una trama de construcción de pruebas contra la judicatura, la fiscalía y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, lo que se conoce como la cloaca del PSOE, que formarían Díez y Cerdán.
El auto de este lunes, muy duro, indica que Cerdán, a la luz de las diligencias practicadas y la prueba recogida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), tenía una «posición funcional en el marco de la organización» que recaudaba y repartía el dinero. «Cerdán resulta ser indiciariamente la persona que se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas por la adjudicación«, concluye el juez, que lo acusa formalmente de los posibles delitos de integración en organización criminal, soborno y tráfico de influencias. El magistrado, por tanto, no ha creído en la tesis de la defensa, que definía a Cerdán como una víctima de un «delito provocado», ni cree que su imputación sea provocada por su papel negociador del PSOE con Junts y ERC.
Repercusiones políticas y… ¿unas elecciones?
La decisión de encarcelar a Cerdán repercute, y con fuerza, en la política. La decisión llega el mismo día que Pedro Sánchez se encuentra en una cumbre en Sevilla, justo después del aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía y con una revuelta de la derecha judicial por las reformas en la carrera judicial y fiscal que impulsa el ministro de Justicia y mano derecha de Sánchez, Félix Bolaños. Además, dentro de quince días hay una vista ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) donde tanto la Fiscalía General del Estado como la Abogacía del Estado defenderán la aplicación y la legalidad de la amnistía en casos como la operación Judas, los que hay en el Tribunal de Cuentas vinculados con el Proceso o lo que pasó del juzgado de instrucción 13 de Barcelona hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por Josep Maria Jové, Natàlia Garriga y Lluís Salvador.
Los primeros en reaccionar han sido los dirigentes del PP, de la mano de la secretaria general, Cuca Gamarra que, después de identificar la prisión de Cerdán como un «salto cualitativo», ha interpelado directamente a los socios parlamentarios de los socialistas. «Creo que es momento de conocer qué es lo que opinan todos aquellos que han apoyado a este gobierno», ha exigido Gamarra en una rueda de prensa. Sumar ha asegurado que «reflexiona» y que se personarán como acusación popular, quizás obviando que defienden una reforma legal que apuesta por eliminar este tipo de fiscalía en la sombra. Y Podemos, de la mano de Ione Belarra, no ha podido ser más directa: «El daño a la democracia y a la mayoría progresista es irreparable».
Pero quienes aún no han encontrado su papel son tanto ERC como Junts, que llevan semanas sin ocultar su incomodidad. Ambas formaciones han salido al paso del ingreso en prisión con una respuesta de manual recordando la «tolerancia cero con la corrupción». El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha insistido en que la corrupción es una «línea roja» y el portavoz de los juntaires, Josep Rius, ha reclamado «máxima transparencia» al PSOE y ha dicho que, «si se acaba demostrando que ha habido irregularidades, se deberán asumir las responsabilidades que toquen». Al fin y al cabo, ambas formaciones temen que unas elecciones podrían provocar un terremoto electoral de dimensiones, por ahora, incontrolables.
La responsabilidad central de la trama
El auto de prisión, al que ha tenido acceso El Món, es contundente y pronostica, con las primeras diligencias en la mano, la responsabilidad de Ábalos en la trama. Para el juez, Cerdán, a diferencia de Ábalos y Koldo García, tendría un «conocimiento privilegiado» de todo porque sería «la persona que se encargaba de hacer los cobros indebidos a las empresas favorecidas». De hecho, insinúa que los distribuía, «haciéndolos llegar, al menos», a Koldo y Ábalos, que se limitaban a «recibir lo que se había comprometido».
«Esta posición funcional determina que Ábalos y Koldo pudieran desconocer, tal vez, quién o quiénes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la empresa favorecida por la adjudicación, efectuaban los pagos, cuál era el importe total de los mismos y cuál era el mecanismo por virtud del cual se concretaban, limitándose a recibir la cantidad comprometida cuando Cerdán lo decidía», relata el magistrado Puente. En este sentido, el instructor apunta que Cerdán era el responsable «de interactuar con las empresas favorecidas por la adjudicación, y se comprometía a reclamar los pagos debidos el mecanismo concreto, hasta este momento desconocido, que él no podía ignorar».
«No hay delito provocado ni agente encubierto»
Por otro lado, el juez se esfuerza en replicar una tesis de la defensa que sostiene una posible manipulación de los audios o una interpretación forzada a través de lo que se conoce como delito provocado. Además, de insistir en la idea de su persecución porque era la cara visible de la negociación con los independentistas. El juez califica de «legítimos estos alegatos de defensa» pero replica que «en ningún caso nos encontraríamos ante un delito provocado». Así, el juez recuerda que los delitos que se desprenden de las conversaciones ya habrían tenido lugar cuando se grabaron [las conversaciones que en hablan]».
«Ni hay ningún elemento, de mínima consistencia, que permita considerar como una hipótesis mínimamente factible que el señor Koldo García tuviera la condición de agente encubierto o provocador, en la supuesta condición del cual habría persistido durante años, habiendo establecido una intensa relación con Santos Cerdán, por supuesto, bastante tiempo antes de que tuviera lugar la formación del gobierno progresista y las negociaciones con las fuerzas políticas nacionalistas a las que el investigado reiteradamente se refiere como motivo motor de su imputación», arguye el magistrado Puente.
El juez busca más implicados más arriba
Uno de los puntos más inquietantes del auto es que el juez calcula, a partir de los números de la UCO, que la terna investigada habría conseguido cinco millones de euros. Una cantidad que, por un lado, sospecha que es mínima, porque el «botín indiciariamente obtenido» o comprometido por Ábalos y Koldo, un millón de euros, representa un porcentaje «insólitamente mínimo en el marco de este tipo de operaciones delictivas». En este contexto, el juez prevé que Santos Cerdán también trabajaba para otros responsables más allá de Ábalos y García.
Esta tesis, a juicio del juez, «refuerza» lo que llama «la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, podrían haberse lucrado con las mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, por supuesto, no puede ser descartada en este momento». Es decir, que el juez espera el resultado de los registros y del vaciado de teléfonos móviles y grabaciones, para continuar incrementando la lista de investigados. De hecho, el informe de la UCO ya apuntaba nombres como José Blanco o José Bono, ambos exministros, pero algunas fuentes apuntan la posibilidad de que Óscar Puente, el ministro que sustituyó a Ábalos, o Salvador Illa, a raíz del caso mascarillas podrían aparecer en la investigación. Un segundo escalón que quizás podría apuntar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, negociador en Suiza con Junts, o al entorno más directo de Pedro Sánchez.
