A las 9 de la mañana del 15 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará la primera vista sobre la ley de amnistía a raíz de las cuestiones prejudiciales presentadas por diversos organismos españoles. Una fecha esperada porque puede aclarar, y mucho, la ejecución de la ley en las decenas de casos pendientes, y más en la aplicación a los condenados y procesados por los hechos del Primero de Octubre en el Tribunal Supremo. La vista llegará tres semanas después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley con una sentencia que procura unificar el derecho europeo con los derechos constitucionales que reconoce la ley.
La vista inicia las cuatro cuestiones prejudiciales admitidas ante el TJUE. En concreto, la planteada por el Tribunal de Cuentas, instada por Societat Civil Catalana; una elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impulsada por Vox en el caso del Primero de Octubre donde están procesados Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga; una tercera formulada por la Audiencia Nacional, en el marco del sumario Judas, por parte de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), aunque los guardias civiles del caso han quedado amnistiados; y una cuarta planteada por el Juzgado Penal 3 de Vilanova i la Geltrú, en el caso de una desobediencia por negarse a quitarse el lazo amarillo mientras formaba parte de una mesa electoral. A las 9, será la vista de la prejudicial del Tribunal de Cuentas y a las tres de la tarde, la de la Operación Judas. Las otras dos no tenían solicitada vista pública.
El plazo ayuda
El plazo habitual de respuesta de las cuestiones es un punto a favor, porque además llegará cuando el 24 de junio el TC haya avalado la amnistía. Algunas fuentes de los casos opinan que el TJUE también esperaba la decisión del TC para terminar de poner manos a la obra en las cuestiones. Uno de los últimos ejemplos fue cuando el TJUE tardó prácticamente de mayo a diciembre en reconocer la inmunidad de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín a raíz de la cuestión presentada por Manuel Marchena. Una cuestión presentada porque habían sido elegidos eurodiputados pero no habían jurado presencialmente la Constitución para tomar posesión del acta. Como la inaplicación de la ley de amnistía implica restricción de derechos fundamentales, como la inhabilitación o la libre circulación, es factible que el TJUE se apresure. En todo caso, después de las cuestiones prejudiciales resueltas, complicaría abrir nuevas sobre casos concretos ya decididos.
