La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado la Generalitat a la justicia contenciosa-administrativa por haber anulado todas las oposiciones que se celebraron el pasado 29 de abril después del caos organizativo generado por una empresa subcontratada. Después del caos de las pruebas, el gobierno catalán anunció que repetiría todos los exámenes y estableció nuevas convocatorias entre el 1 y el 8 de julio. El CSIF denuncia que la Generalitat ha ordenado repetir incluso las oposiciones en las cuales no se produjeron incidencias.
El sindicato reclama a la justicia que obligue la Generalitat a reconocer como válidos los procesos en los cuales no se han detectado irregularidades «bastante relevantes para anularlos» y así «salvaguardar los derechos legítimos de todos los aspirantes». Así mismo, CSIF reclama al Departamento de Presidencia que justifique de “forma fehaciente” los motivos de la suspensión de cada una de las pruebas y considera que la repetición general de las oposiciones «responde más a una decisión política que no legal». En concreto, el sindicato quiere dejar sin efecto la resolución PRE/1632/2023 que anula todas las pruebas y las vuelve a convocar.
El sindicato pide que se justifique cada suspensión de una oposición
«Nosotros no determinamos si se tienen que repetir el 30, el 45, el 70 o el 100% de los procesos», dice el sindicato. “Lo que queremos es que se cumpla con una malograda legalidad y se justifiquen de forma fehaciente los motivos de una suspensión que, en estos momentos, responden más a una decisión política que no legal”. CSIF recuerda que, en un primer momento, Presidencia garantizó que se “respetarían los procesos desarrollados correctamente”, pero después cambiaron de opinión sin dar una explicación oficial que justificara el cambio de planteamiento.
El sindicato ha criticado la actitud de la Generalitat. «Dos días después, sin ni siquiera haber finalizado el plazo para presentar incidencias, ya decidieron repetir las convocatorias de manera general. ¿Por qué esta prisa? Lo ignoramos”. También carga contra la administración catalana porque el informe que utiliza como base para justificar la repetición de las pruebas es “únicamente estadístico e informativo, no jurídico” y evita mencionar “las actas del Tribunal de las pruebas ni a las de los responsables de aulas”.
