La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la ley de amnistía ha eliminado muchos de los obstáculos que se interponían en la aplicación del olvido penal para el independentismo. Un camino que el pleno del Tribunal Constitucional del pasado 22 de septiembre, a raíz del recurso de amparo de Jordi Turull, ha terminado de allanar. Sin embargo, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas continúan empeñados en mantener abiertos los procedimientos relacionados con el Proceso en los que había acusaciones de malversación.
Dos frentes que esta semana han abierto dos nuevas batallas gracias al contenido de la sentencia del TJUE, cuando aún no se había celebrado el pleno del TC, y del auto del juez instructor del Proceso, Pablo Llarena. Y, sobre todo, a raíz de la extravagante decisión del Tribunal de Cuentas de insistir en el proceso de responsabilidad contable, en sonora contradicción con la tesis expresada por el mismo Tribunal Supremo, que considera que no se gastaron fondos europeos en el Proceso independentista. De hecho, los argumentos de Llarena se utilizan ahora en el Tribunal de Cuentas para archivar el caso contra los 35 altos cargos procesados por responsabilidad contable.
Esta batalla entre tribunales debe enfrentar ahora dos escritos presentados por la defensa de Carles Puigdemont, cuya resolución podría adelantarse, incluso, a la decisión del Tribunal Constitucional del seis de octubre sobre los recursos de amparo de los condenados o procesados por malversación. O bien se resolverían por pérdida de objeto si el TC avala la amnistía de manera suficientemente contundente para su aplicación inmediata. Por un lado, un recurso de reforma contra la decisión del magistrado Llarena de mantener las órdenes de detención y la competencia del Supremo en el caso. Y, en segundo lugar, un escrito de impugnación al último recurso presentado por Sociedad Civil Catalana ante el Tribunal de Cuentas para intentar sostener la causa abierta por responsabilidad penal. Dos escritos que aún embrollan más la madeja ya enredada por las maniobras de la alta magistratura y del tribunal contable para eludir la amnistía.
Un recurso de reforma
El pasado 15 de septiembre, el juez Llarena desestimó la aplicación de la amnistía en respuesta a la petición fundamentada en la resolución del TJUE del 16 de julio, que daba el visto bueno europeo a la ley. El auto admitía que había desaparecido uno de los dos fundamentos sobre los cuales en 2024 se denegó la amnistía para los casos con malversación. En concreto, que los fondos supuestamente gastados en la organización del 1-O no provenían de dinero de la Unión Europea. Aun así, mantenía la denegación de la amnistía sobre el otro motivo: una valoración de la intención efectuada en fase de instrucción con una interpretación sui generis de la malversación que, curiosamente, ha cambiado en dos años. Ahora un recurso de reforma le hace memoria del cambio de criterio, de la debilidad de su competencia para instruir el caso y, sobre todo, de cómo ha cambiado el escenario con el TJUE. Todo ello en el contexto de que en un proceso penal se debe aplicar la interpretación más ventajosa para la libertad del reo.
Para entender el contenido del recurso de reforma presentado hay que remontarse al 1 de julio de 2024. Aquel día Llarena ya dictó un primer auto con el que negaba la amnistía para Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín porque entendía que la malversación que habían cometido los dejaba fuera de los supuestos a los que se podía aplicar la ley de amnistía. Entonces, la opinión de Llarena era que habían tenido un beneficio personal que construía sobre una premisa básica: la «iniciativa financiada -el referéndum del 1 de Octubre- no respondía a ningún interés público». En resumen, afirmaba que los procesados habían endosado los gastos de su proyecto político a la administración «sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público».
Un cambio de criterio
De hecho, utilizaba un símil muy original: como si fuera un banquete de boda que se hace pagar a los invitados. El magistrado iba más allá, acusando a los tres de «actuar con un afán personal que no solo era ilegal, sino completamente ajeno a sus responsabilidades de Gobierno». Así aseguraba que habían cargado a las cuentas públicas «el costo de unas iniciativas personales que ellos mismos dirigían». En definitiva, en la negación del carácter público de la iniciativa descansaba la conversión del costo del referéndum en una deuda privada de sus promotores. Es decir, «se ahorraban» el costo del referéndum porque era un objetivo personal que hacían pagar al erario público.
Ahora bien, la resolución del 15 de septiembre pasado declara otra cosa para sostener la malversación como motivo para esquivar la amnistía. La resolución de Llarena señala que «no se atribuyó el carácter patrimonial al beneficio político» y que «la ventaja examinada fue económica: la financiación o el costo de los medios utilizados». En síntesis, razonaba que «la finalidad política perseguida y la forma de sufragar su costo son cuestiones diferentes».
En esta línea la resolución no incorporaba una nueva afirmación o conclusión sobre deudas privadas previamente contraídas por los procesados ni transferencias a su favor. El recurso de reforma enfatiza esta diferencia resaltando que «si se separa la finalidad política de la manera de sufragarla, y se deja de afirmar que la iniciativa fue un afán personal ajeno a las funciones de gobierno» desaparecen los únicos elementos que permitían calificar «de ahorro» el pago con fondos públicos del referéndum. «Un ahorro presupone una deuda propia, y la deuda propia solo existía en 2024 porque se negó que el gasto fuera de la administración», argumenta el recurso. En resumen, el auto del 15 de septiembre intenta eludir la amnistía «conservando la conclusión pero abandonando la premisa».
La defensa no está sola
Este cambio de criterio de Llarena, malabarismo forzado por la resolución del TJUE, abre un campo nuevo porque ha creado un efecto perverso y es que la negativa a aplicar la amnistía más que «reinterpretar el delito reescribe la norma». De hecho, el recurso de reforma subraya que en junio de 2024 fundamentaba el rechazo a la amnistía en un elemento «subjetivo» de los procesados que ahora ha desaparecido, porque, en resumen, no se puede comprobar ni probar. Técnicamente, la voluntad subjetiva de quedarse con algo o ahorrárselo y hacerlo pagar a la administración sería una «exclusión» de la ley de amnistía, pero este elemento no se ha probado porque el gasto existió y financió la consulta independentista ordenada por el Parlamento de Cataluña.
Así, en este último auto Llarena repite que los procesados impulsaron la iniciativa, dispusieron de la obtención de bienes y servicios y utilizaron las facultades de gobierno para cargar su costo a la Generalitat. Una definición que, casualmente, se encuentra en el artículo 1.1 de la ley de amnistía que declara amnistiada «la malversación dirigida a financiar, sufragar o facilitar la reivindicación independentista o la consulta». Una opinión que comparten tanto el ministerio fiscal como la Abogacía del Estado.
¿Dónde está la prueba?
Por otro lado, el callejón sin salida en que se encuentra el Tribunal de Cuentas tras la resolución del TJUE añade otro problema nada menor a este organismo administrativo. Cuatro días después del aval europeo a la ley de amnistía, el TdC dio diez días a las partes para que expresaran su opinión. SCC pidió continuar el proceso, pero la fiscalía -que hasta ahora había sido muy agresiva con los procesados- se opuso, así como los 35 investigados.
El tribunal desestimó todos los recursos de reposición, incluso el del ministerio fiscal, que pedían cerrar el caso y continuó dando traslado al recurso de SCC, impulsora del procedimiento, que pedía aprovechar la audiencia para hacer una «comprobación» dirigida a «excluir cualquier conexión europea posible». Pasado por la traductora, volver a hacer una instrucción y, si se da el caso, un nuevo juicio. Ahora bien, tanto la fiscalía como la impugnación de Puigdemont atacan de lleno la maniobra de la entidad españolista.
En esta línea, recuerdan que de ninguna de las catorce partidas mencionadas en su recurso muestran que se financiaran con fondos del presupuesto de la Unión Europea. «Quien pide diligencias para averiguar si hay un hecho que no alega no ejercita el derecho a la prueba: pide una investigación», afirma la impugnación de Puigdemont. Todo esto, en el marco de que el TJUE dejó claro que no veía ninguna afectación de los fondos europeos. Una aseveración que también constató Llarena y que la defensa de Puigdemont también llevó al TdC. El embrollo es grande y, o se aclara antes, o solo lo podría solucionar el Tribunal Constitucional.
