El pasado 4 de agosto, el abogado Josep Costa, exvicepresidente del Parlamento y en “calidad de ciudadano interesado en la protección del patrimonio nacional” inició una nueva vía legal para detener el traslado de los murales de Sixena que conserva y expone el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) hacia el monasterio de los Monegros, la vía del contencioso administrativo. En concreto, Costa, que es abogado del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y profesor de Derecho en la UPF, presentó un escrito ante el ministerio de Cultura, en manos del catalán Ernest Urtasun, para iniciar la “declaración de expolio” de las pinturas y así evitar su traslado.
Después de dos meses sin respuesta, Costa ha vuelto a la carga para poder acceder a la vía contenciosa administrativa, es decir, a los tribunales. Además, Costa aprovecha el nuevo escrito para aportar los informes que el mismo MNAC registró en el juzgado de Huesca que debe hacer cumplir una sentencia, que según anticipan los expertos, sería “de imposible cumplimiento”. Dos informes que, para Costa, hacen más necesario el esperado informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), que depende del ministerio y podría detener el traslado, como ha sucedido en otras ocasiones como el caso del Guernica de Picasso.
Dos informes y una “inhibición”
En concreto, Costa aporta el estudio que firma Simona Sajeva, doctora en conservación y restauración, presidenta del Comité Científico Internacional sobre Pinturas Murales de ICOMOS y, por otro lado, el emitido por la misión de asesoramiento técnico del Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM). Dos documentos que Costa insiste en que “vuelven a poner de manifiesto los enormes riesgos de destrucción o deterioro que supone la insistencia en su traslado”.
Aprovechando estos dos informes, Costa reclama una respuesta inmediata a su petición porque cree que el silencio del ministerio huele a chamusquina. Así expresa que “la falta de tramitación de la solicitud solo se puede explicar por una decisión consciente de inhibirse de ejercer las competencias que la Ley del Patrimonio Histórico otorga al ministerio de Cultura”. Una inhibición que, para Costa, de “persistir, convertiría a los órganos competentes para la resolución del presente expediente en responsables indirectos de la posible destrucción o deterioro de un bien que goza de un alto nivel de protección patrimonial”. En definitiva, considera que el ministerio, ni la Dirección General de Patrimonio ni el IPCE “no pueden desconocer ni desviarse de los criterios del ICCROM respecto de la protección de los bienes patrimoniales, en virtud de los compromisos internacionales contraídos por el Estado español”.
Con el nuevo escrito, Costa reclama al ministerio la “declaración del expolio de este bien patrimonial”. “Esta declaración debe fundamentarse en el peligro real, objetivo, inminente y verificable de destrucción o deterioro irreversible que la ejecución de su traslado comportaría, tal como acreditan los informes técnicos pertinentes”, concluye.
