Inicio de la batalla en las altas esferas judiciales españolas por la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la norma aprobada por el Congreso. En la misma sesión, el pleno del TC ha rechazado la recusación de la Abogacía del Estado contra el magistrado conservador José María Macías porque consideran «prematuro» intentar apartar al juez antes de haber resuelto la admisión a trámite del recurso.
Es el primer recurso de inconstitucionalidad que valora el TC, que hasta ahora solo había admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en el caso de las condenas contra Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por el 1-O. El tribunal aún tiene pendientes al menos 16 recursos más, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP. Madrid, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares y Canarias han presentado un solo recurso, mientras que Aragón, Murcia y Cantabria han presentado un doble recurso: uno desde el Gobierno y otro desde el Parlamento. Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, también se ha sumado a la serie de impugnaciones.
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han explicado que el pleno del TC ha rechazado por unanimidad —y con mucha celeridad— la recusación contra Macías porque considera que no se han respetado los plazos, pero no cierra la puerta a entrar en el fondo del asunto si se presenta otra recusación. Esto significa que el alto tribunal aún puede apartar a Macías, uno de los magistrados más críticos contra la ley de amnistía y que ha firmado manifiestos de rechazo impulsados desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde era vocal.
El TC rechaza todas las recusaciones
Antes de desestimar la recusación de José María Macías, el pleno del TC ya había rechazado los otros dos incidentes de recusación que tenía sobre la mesa: el del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y el de la magistrada catalana Laura Díez. El PP inundó el Constitucional con recusaciones promovidas por los grupos en el Congreso y en el Senado y por varias comunidades autónomas, pero el tribunal las descartó todas.
En el caso de Conde-Pumpido, el PP quería aprovechar que el magistrado se abstuvo de todos los recursos vinculados al Proceso por unas declaraciones contra el 1-O en una conferencia de 2017, mientras que a Díez le reprochan su pasado en el gobierno de Pedro Sánchez, primero como directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y después como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia.
El cuarto juez señalado, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, ya se había abstenido por voluntad propia porque cuando estaba en el gobierno español firmó varios informes relacionados con los indultos de los presos políticos en los que aseguraba que la amnistía era inconstitucional.
