Era de prever y la defensa no se ha hecho esperar mucho. Y más después de la incorporación al equipo de abogados que representan a Santos Cerdán de Jacobo Teijelo, un auténtico experto en nulidades de prueba. De hecho, es uno de los juristas que más ha cargado contra sistemas de interceptación de comunicaciones como EgoBox que utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que, en más de una ocasión, ha conseguido la nulidad de las actuaciones que dependían de este método.
En todo caso, el equipo de Benet Salellas y Teijelo ha registrado esta mañana en el Tribunal Supremo un escrito, de siete páginas y al cual ha tenido acceso El Món, donde reclaman al juez instructor, Leopoldo Puente, la «totalidad» de las grabaciones que han servido para encarcelar provisionalmente al exnúmero tres del PSOE. Además, ya apuntan la poca credibilidad de las grabaciones, la escasa legalidad y, sobre todo, qué intereses impulsaron Koldo García a grabar horas y horas de conversaciones con los responsables políticos o empresarios relacionados con la administración.
No solo los audios de la UCO
El escrito insiste en que la reclamación es sobre «la totalidad de las grabaciones» y «no solo a aquellas que han sido seleccionadas previamente por la Policía Judicial para la confección del atestado». Un atestado que es el argumento del magistrado para encarcelar a Cerdán. Aunque los mismos abogados remarcan que se podría tratar de archivos con más de 2.500 horas de grabaciones y advierten que quieren una «copia clonada directamente del original». Además, es necesario que la copia se haga con la presencia del equipo jurídico de Cerdán con las «garantías pertinentes de un volcado que garantice la cadena de custodia de una evidencia digital». Unas condiciones impuestas por la defensa para estudiar como es debido «los datos y metadatos que se encuentren en la fuente original de prueba de cada una de las copias».
Por otro lado, la defensa de Cerdán también exige tener la totalidad del expediente que se seguía contra Koldo García, en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. En concreto, las diligencias previas 65/2023, que sirvieron a su titular, el juez Ismael Moreno para enviar una petición razonada de investigación contra los aforados. Según detalla el escrito de hoy, en el expediente enviado no están las piezas separadas donde se habrían llevado a cabo la intervención de las comunicaciones que se utilizaron para pedir al Supremo, la investigación de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Por tanto, las intervenciones telefónicas que supuestamente se encontraban en estas diligencias y que fundamentaron la petición al Supremo, no se encuentran en la causa.
Dudas sobre la procedencia de los audios
Los abogados razonan que el sistema penal español diferencia muy claramente las pruebas aportadas por la policía judicial que las de un ciudadano. Y más, cuando son pruebas que afectan a derechos fundamentales, como el derecho al secreto de las comunicaciones. En este caso, los letrados creen que aún hay que dudar más de los audios aportados por Koldo García porque recelan de los motivos que lo habrían llevado a hacer las grabaciones durante tanto tiempo y para qué, y más teniendo presente su relación con la Guardia Civil.
Así, avisan que «a efectos de poder determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía la realización de las pretendidas grabaciones por parte de Koldo García que han sido la base para los audios referidos, dado que el investigado se ha acogido legítimamente a su derecho fundamental a no declarar, es necesario obtener esta información por otros instrumentos procesales». En este sentido, subrayan la «notoria relación previa de colaboración de Koldo García con el cuerpo policial encargado de la investigación -relación que culminó incluso con la concesión en 2018 de una medalla al mérito policial por parte de la Guardia Civil-«.
De ahí que los abogados pidan un informe, a la Dirección General de la Guardia Civil, de todas las colaboraciones que habría llevado a cabo con diferentes unidades del instituto armado entre el 2018 y el 2024. Además, quieren saber si consta incluido en el inventario de fuentes policiales (y en los registros pertinentes del Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), el Sistema de Registro de Investigaciones si ha habido contactos entre él y miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el mismo periodo. Es decir, qué colaboraciones habría hecho en estos seis años. Por otro lado, la defensa ya se pone la venda antes de la herida advirtiendo que si la información está clasificada como secreta, el Consejo de Ministros la desclasifique y la aporte a las actuaciones.
