Después de una batalla que ha medido las fuerzas, las dos partes han decidido firmar una tregua y negociar. Así se puede definir la nueva situación entre la fiscalía y el ministro ‘plenipotenciario’ de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, mano derecha y ejecutora de los planes del presidente español, Pedro Sánchez. Bolaños ha procurado preparar la paz a través del compromiso de una vieja demanda del sistema judicial español: la conversión de los fiscales en instructores de las causas judiciales, una tarea que hasta ahora siempre han hecho los jueces de instrucción. Este es uno de los puntos claves para un proyecto que apunta a una reforma orgánica del poder judicial español.
Una iniciativa que el ministro ha hecho saber esta semana en encuentros celebrados con el poderoso lobby de las tres asociaciones de fiscales. Unas reuniones que llegan después de la guerra abierta por la renovación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y por la batalla encarnizada a raíz del caso Tsunami Democrático. Una causa donde los fiscales progresistas no veían terrorismo en ninguna parte, a diferencia de los conservadores, que frisen para ver el presidente al exilio, Carles Puigdemont, enchironado por orden del Tribunal Supremo, y que hizo implosión a la fiscalía del Tribunal Supremo, la élite del ministerio público.
Bolaños se ha reunido con Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y que hace tres semanas protagonizó un acto en Barcelona donde cargaba en puridad contra la amnistía; con Jesús Arteaga, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la cual pertenece el actual fiscal general del Estado; y Miguel Pallarés, presidente y portavoz de la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF), entidad que ha llevado a los tribunales la decisión de Bolaños de renovar García Ortiz como número uno del ministerio público. Los encuentros han sido cordiales y han mostrado el ambiente de empate entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y la Fiscalía.
Una carpeta para serenar los ánimos
Bolaños no se ha reunido con las tres asociaciones con las manos vacías. Ni mucho menos. De hecho, el ministro ya celebró los encuentros entre miércoles y jueves después de que se hubiera consolidado la decisión del pasado 16 de enero, cuando firmó el real decreto que modificaba la plantilla orgánica de la fiscalía. Una normativa que implicaba, simple y llanamente, la transformación de 219 plazas de tercera categoría en plazas de segunda. Es decir, hacía valer la escala intermedia del cuerpo, la que lleva el día a día en las fiscalías especializadas y las territoriales. Esta modificación incluye el correspondiente incremento del sueldo para los 219 implicados.
Pero, además, llevaba un regalo estrella que hace tiempo que ronda a las esferas político-jurídicas del Estado, la gran reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que daría a los fiscales el papel de instructores y dejaría a los jueces instructores como jueces de garantías. El proyecto es una reformulación del sistema penal español que ya habían empezado a trabajar los dos ministros anteriores a Bolaños, Juan Carlos Campo y Pilar Llop. De hecho, el ministerio, en su programa normativo, destaca que con esta reforma integral «se pretende modernizar y actualizar la regulación del proceso penal a partir de dos principios». En primer término, «la coherencia con el modelo constitucional de la justicia»; y, en segundo lugar, «la armonización con el derecho de la Unión Europea». Pero, el cambio sustancial es que «se atribuye la investigación al fiscal y se incorpora a la nueva figura del fiscal europeo».
Una reforma que cambia el sistema
De hecho, el texto de la reforma está prácticamente hecho, pero su tramitación, con la entrada a las Cortes españolas, se restañó en verano por la convocatoria electoral. En este contexto, Bolaños se comprometió a llevar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al Consejo de Ministros en el próximo mes de junio, por después llevarla en el Congreso. A pesar de que no descarta que sea en septiembre si el Consejo General del Poder Judicial hace la Pascua y duerme su informe preceptivo, que tendría que librar este mes de abril. Después, el texto tendría que pasar por la criba del Consejo de Estado. El nuevo texto consiste en un verdadero cambio de paradigma, teniendo presente que la LECrim es del 1882 y ya ha sufrido 79 modificaciones, más cincuenta de posteriores a la entrada en vigor de la Constitución el 1978.
Según el texto que justifica la reforma que Bolaños tiene a punto, la nueva ley quiere acabar con «el debilitamiento sufrido por el derecho a la presunción de inocencia». Una circunstancia que responde, en buena parte, «al carácter judicial que la formulación de cargos presenta en la actual fase de investigación». Es decir, un juez que hace de policía. Con el intercambio de papeles que propone la reforma, los fiscales serien los instructores y los jueces pasarían a ser «jueces de garantías procesales». Es decir, un juez específicamente destinado a controlar el curso de las actuaciones, incluido el trabajo de la fiscalía. Una figura que ya se apuntó tanto al anteproyecto del 2011 como la propuesta del 2013.
El nuevo sistema penal, con las nuevas funciones de la fiscalía y de los jueces, aumentará las garantías de los derechos de los investigados, que verán divididos los procesos en tres grandes fases. Una primera fase de investigación y una segunda de acusación con un organismo judicial colegiado bautizado como juez de la audiencia preliminar, que tendrá que discernir si hay bastante prueba o bastante cimiento para abrir juicio oral o si hay que depurar la acusación. En tercer término, ya llegaría la fase del juicio oral, llamada fase de plenario, que serviría para dictar sentencia con jueces que no han participado ni como jueces de garantías ni como magistrados de audiencia preliminar.
Bolaños confía en sacar adelante la reforma, incluso, con cierto consenso con el PP, que también había abonado una reforma de este tipo el 2011. Todo en uno en torno a posible entendimiento con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Más recursos para acompañar la ley
Los encuentros de Bolaños con las asociaciones de fiscales también han servido para que los miembros del ministerio público carguen contra el que consideran la carencia de independencia del ministerio fiscal. En este sentido, las críticas al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien califican de «mensajero del gobierno», han sido sonoras y des acomplejadas. El ministro, pero, ha contraatacado con el compromiso de aprobar un nuevo estatuto orgánico del ministerio fiscal -una reiterada demanda de los fiscales- y un cambio en el régimen disciplinario. De hecho, el próximo diez de abril, el fiscal general del Estado ha convocado una reunión con las tres asociaciones de fiscales para crear un grupo de trabajo sobre este nuevo Estatuto Orgánico.
Por otro lado, Bolaños ha hecho valer la ampliación de la plantilla en 70 plazas de manera más o menos inmediata. Un incremento que se añade a la mejora de categoría de 219 plazas y que ahora mantiene la cifra global de fiscales en 2.683, 28 de los cuales son de primera categoría, 2.229 serán de segunda y 426 de tercera, con las mejoras retributivas que supone. Por otro lado, el ministerio ha añadido a la lista de objetivos pendientes presupuestar más dinero y medios para la fase de investigación, además de potenciar la digitalización. En este sentido, también ha hecho memoria a las asociaciones de fiscales de la última iniciativa legal, que mejora «la eficiencia en la tramitación judicial de los procesos». Una ley que está pendiente de aprobación en el Congreso y que se encuentra en fase de negociación. De momento, aunque la calma sea tensa, Bolaños ha enfriado el calentamiento de las relaciones entre el ministerio fiscal y el gobierno de Pedro Sánchez.
