Nuevo frente judicial contra la ley de amnistía. La Audiencia Nacional quiere investigar a PSOE, Junts y ERC porque ve una “posible” infracción penal en la tramitación de la ley y ha pedido a la Fiscalía si es competente para asumir el caso. Y todo a raíz de una querella presentada hace un par de semanas por Abogados Cristianos, una asociación ultracatólica y con estrechos vínculos con la extrema derecha española que hace el trabajo sucio de Vox en los juzgados.
En un escrito avanzado por la Agencia Catalana de Noticias, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, asegura que los hechos descritos en la querella «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Pero en la misma interlocutoria, Tardón, que es la jueza que persigue a Gonzalo Boye, reconoce que no están determinados ni la naturaleza ni las circunstancias de los hechos que denuncian los querellantes y tampoco qué personas concretas habrían intervenido.
La magistrada ha acordado incoar diligencias previas y envía la causa al Ministerio Fiscal para que informe sobre su competencia y, en caso afirmativo, comunique las diligencias que habría que practicar. Tardón considera que las diligencias previas son la única manera determinar las personas implicadas y los posibles delitos que se habrían cometido por la elaboración y aprobación de la ley de amnistía.
La querella de Abogados Cristianos contra la amnistía
La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella en la Audiencia Nacional el pasado 19 de marzo contra el PSOE, Junts y ERC al considerar que la ley de amnistía es un “asalto” contra la “independencia judicial” promovida por el gobierno español y sus socios parlamentarios. Uno de los letrados de la fundación explicó que consideran “importante” aportar su “grano de arena para garantizar la unidad de España” y contribuir al “bien común” del estado.
Abogados Cristianos basa su querella en el artículo 508 del Código Penal, que protege “la usurpación por parte de los poderes públicos de las competencias jurisdiccionales”, y también pretendía incluir un delito de tráfico de influencias, según anunciaron. La querella va contra los partidos en general, pero como que tenían que “escoger una figura, una autoridad pública” que hubiera cometido el delito en cuestión, eligieron al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
