Solo dos páginas y no completas. Esto es el que ha necesitado la defensa de Josep Alay, jefe de la oficina del presidente al exilio, Carles Puigdemont, para comprobar si la instrucción del Tsunami Democrático se ha ajustado a la ley, las garantías mínimas de los investigados o si se han violado derechos fundamentales. El abogado Gonzalo Boye ha firmado un escrito de petición al secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del cual es titular Manuel García Castellón, con que reclama todas las diligencias que se han llevado a cabo hasta el día de hoy de la causa que investiga la plataforma digital independentista.
En el escrito, al que ha tenido acceso El Mundo, Alay reclama «todas las diligencias de investigación acordadas» en el procedimiento desde su apertura el 29 de octubre de 2019. También reclama las Órdenes Europeas de Investigación cursadas y las comisiones rogatorias Internacionales que haya emitido el juez instructor. Además, de aquella parte del expediente que provenga de las diligencias 99/2018 del mismo Juzgado, que habrían alimentado la misma causa y otros contra el activismo independentista. Todas las peticiones se formalizan en base el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga al letrado de la Administración de Justicia a librar las actuaciones procesales.
Justificar el secreto y los investigados
La defiende letrada de Alay también exige saber el total de las personas investigadas -ya lo sean «oficialmente y las no oficialmente»-. Es decir, todas las personas que de una manera u otra aparecen al sumario y que pueden ser susceptibles de acontecer imputados o testigos. Además, requiere aclarar las fechas en las cuales la instrucción permaneció en secreto, así como las prórrogas que se hayan podido decretar y las posiciones en el respeto que haya manifestado el ministerio fiscal. En el mismo sentido, pide las «declaraciones de testigos, peritos e investigados» en el procedimiento. La voluntad de Alay es, simplemente, tener conocimiento de las actuaciones y saber exactamente que es qué elementos han ayudado a formular la investigación por delitos de terrorismo desde el pasado 6 de noviembre, después de cuatro años de ser investigado en silencio.
