Debían controlar la legalidad y el cumplimiento de los estándares del referéndum sobre la independencia del uno de octubre de 2017, fueron de los primeros en recibir y todavía tienen pendiente la aplicación de la amnistía, a pesar de haber sido absueltos una vez. Son los miembros de la Sindicatura Electoral del Referéndum del Uno de Octubre. A menudo pueden parecer los grandes olvidados de la gran batalla contra la represión, muy centrada contra los activistas y los políticos. Esta tarde, sin embargo, un acto de solidaridad ha llenado el Ateneu Barcelonès en reconocimiento a su trabajo y al estrambótico caso que han vivido desde el año 2017.
El catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona Jordi Matas y el profesor de Derecho Constitucional de la misma UB y actual diputado de Junts en el Congreso, Josep Pagès, y sus abogados, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, han protagonizado el acto Ocho años de represión. Los cuatro han repartido juego hablando de cómo se constituyó la Sindicatura, su carácter voluntario, las primeras multas impuestas y la enrevesada vida del juicio que han sufrido. Como han definido Pagès y Matas, es el episodio de la «represión académica».
Entre los asistentes, el catedrático de Ciencia Política de la UB Josep Maria Reniu, el catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró, el abogado Agustí Carles -uno de los primeros que llevó su asesoramiento- la diputada de Junts Pilar Calvo, y la expresidenta del Parlamento Laura Borràs, así como el exsecretario de Política Penitenciaria, Sergi Blàzquez, y varios activistas con muchas horas de vuelo en el Procés.
Seis años y dos juicios… con una absolución
De hecho, la historia de los Síndics arranca del mes de septiembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional, aprovechando los cambios normativos de la Ley Orgánica, acordó sancionarlos con 12.000 euros diarios, una multa coercitiva que era de 6.000 euros en el caso de los síndics de demarcación. Como ha explicado Elbal, el TC «obligaba a no hacer nada, cuando normalmente debe obligar a hacer algo». «Era diabólico«, ha reflexionado. Sea como sea, nunca ejercieron en el cargo desde que el Tribunal Constitucional les advirtió y propusieron soluciones que no prosperaron. El ministerio fiscal, sin embargo, acusó a Marc Marsal, Tània Verge y Marta Alsina -que también estaba en el acto-, todos ellos reputados profesores y académicos del derecho, además de Matas y Pagès, de un delito de usurpación de funciones y de desobediencia.
Los cinco fueron juzgados y fueron absueltos de la acusación que planteaba el ministerio fiscal. La Fiscalía recurrió contra la absolución dictada por el juzgado penal 11 de Barcelona alegando falta de tutela judicial efectiva e indefensión. Y la sección octava de la Audiencia de Barcelona, en una resolución bastante dura, anuló la absolución y ordenó repetir la vista. Pero no era tan sencillo: cuando se tenía que repetir el juicio entró en juego el aforamiento por las condiciones personales de los síndics.
Verge ya era consejera del Gobierno del presidente Pere Aragonès, y Pagès diputado en las Cortes por Junts per Catalunya, por lo tanto, aforados. Es decir, que no estaba claro qué magistratura debía hacerse cargo del juicio. Además, ha habido un elemento que aún complica más la situación. Marçal y Verge han interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que ha hecho detener todas las decisiones procesales para fijar una fecha de juicio. Y el juzgado aún no les ha aplicado la amnistía a pesar de los escritos presentados reclamándolo.
«Ni idea» de cuándo les aplicarán la amnistía
Boye ha detallado que, por el momento, «no tiene ni idea de cuándo se aplicará la amnistía» en el caso de los síndics. En esta línea, el abogado, fiel a su estilo, ha esbozado la situación judicial que ha generado el Procés. «El Estado traspasó todas las barreras propias de un estado democrático», ha razonado Boye. Entre estas barreras, ha argumentado datos y resoluciones, como la de los síndics, y ha acusado al Tribunal Constitucional de haber participado desde el minuto cero en la represión general contra el independentismo. Boye ha concluido que el caso de los síndics muestra que la ley de amnistía «no ha dinamitado al Estado, sino la lucha y la represión contra el Procés».
