El laberinto procesal al que han sido sometidos los miembros soberanistas de la mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell ha sido una de las claves del nuevo juicio por desobediencia que ha empezado esta mañana. Los primeros minutos de la vista oral, relativas a las cuestiones previas, han servido a las defensas para exponer el lío procesal que pose en entredicho la aplicación correcta del derecho al juez predeterminado por ley. En este sentido, recuerdan que ahora ninguno de los cuatro acusados son aforados y no entienden qué motivo hay para sentarlos en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En este punto, han recordado que Forcadell y Joan Josep Nuet fueron juzgados por los mismos hechos en el Tribunal Supremo. Es más, los abogados defensores creen que celebrar un nuevo juicio por los mismos hechos vulnera el artículo 24 de la Constitución que recoge la tutela judicial efectiva.
Por otro lado, también han alegado el paso del tiempo, es decir, que ya ha pasado más tiempo entre juicios que el que establecía la condena, que imponía una inhabilitación de 20 meses. Los reacusados han estado inhabilitados desde octubre de 2020. Uno de los puntos que ha levantado más debate es la carencia de legitimación de la abogacía del Estado en este proceso donde solo se juzga un posible delito de desobediencia. En este sentido, razonan que en el Tribunal Supremo, cuando acusaron a la presidenta Forcadell, el juicio era por rebelión, sedición y malversación. Precisamente, este delito de malversación era el que justificaba la presencia como acusación particular de los letrados de la Moncloa. Los abogados también han recordado la tesis de la inviolabilidad parlamentaria.
Ministerio fiscal y abogacía del Estado, en pie de guerra
Tanto el ministerio fiscal como la abogada del Estado han replicado las cuestiones previas planteadas por la defensa. De hecho, ambas acusaciones, y la popular de Vox, se han opuesto y han reclamado su desestimación. El fiscal ha insistido en la idea providencial de su acusación que «ningún poder tiene la primacía ante otro». Es decir, que la inviolabilidad parlamentaria no permite «incumplir las resoluciones judiciales» tal y como mirará de acreditar durante el juicio.
La fiscalía también ha defendido la legitimación de la abogacía del Estado para ser parte en el juicio a la vista que tiene que procurar por el buen funcionamiento de las administraciones. En este caso, la letrada del Estado, ha argüido su papel en el juicio en cuanto que hasta ahora no se había discutido en ninguna parte del procedimiento. Un argumento aprovechado por Vox en su réplica a las cuestiones previas. La base argumental de las cuestiones previas ha sido la sentencia del pasado noviembre del Tribunal Supremo que anulaba el juicio que condenó Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet.
