Ni a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ni al magistrado Leopoldo Puente les salen las cuentas de los ingresos y pagos de José Luis Ábalos y el PSOE en el marco del caso Koldo. Así se expresa en un auto emitido este jueves, a raíz de un oficio presentado por la Guardia Civil sobre las percepciones y donaciones del exministro. Por eso, el juez instructor del caso Koldo ha ordenado al PSOE y al Congreso que le informen de los pagos y donaciones del que fue secretario de organización socialista entre 2014 y 2024, ante «la aparente falta de sintonía» entre los datos recogidos de Hacienda y los que constan en las cuentas bancarias de Ábalos.
La Guardia Civil ha analizado las percepciones económicas que la Agencia Tributaria imputa a Ábalos procedentes del Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, o complementos diversos desde el año 2014 hasta 2024. Los datos señalan que suman un total de 751.421,57 euros. Pero los investigadores destacan que, aun así, la cantidad reflejada en las cuentas de Ábalos como provenientes directamente del Congreso de los Diputados en este mismo período, es de 79.841,74 euros. Unas cifras que para la Guardia Civil y para el juez son ocho y nuevas y cartas que no ligan. La UCO destaca que también hay «percepciones económicas giradas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales en los diez años investigados».
Por otra parte, el abogado de la acusación popular del PP y el ministerio fiscal han presentado alegaciones contra el recurso presentado por la defensa de Santos Cerdán contra el auto de prisión. Ambos se oponen a considerar de prospectiva la investigación y creen justificada la prisión provisional del exnúmero tres del PSOE teniendo presente los indicios de criminalidad.
Más investigación
A raíz de las informaciones obtenidas por la UCO, los investigadores quieren dar un paso más allá. La UCO, pues, creyó «necesario» conocer las cantidades abonadas a Ábalos por el Congreso en estos años, así como todas las donaciones realizadas por el exministro al PSOE entre 2014 y 2024, todo esto con información de las cuentas bancarias de destino y origen. Y así lo reclamó al juez del Tribunal Supremo, en el atestado del pasado 8 de julio.
El magistrado no ha tardado ni dos días en complacer la petición de la UCO. Así, en un auto dictado hoy, Puente considera que «con el propósito de esclarecer estas aparentes faltas de sintonía en la información disponible sobre la verdadera situación económica» de Ábalos ha puesto manos a la obra. Así ha ordenado al Congreso de los Diputados que le informe, en «el plazo más breve posible, de todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto» a Ábalos desde 2014. En concreto, la petición demanda «precisar detalladamente todos y cada uno de los pagos abonados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan».
Asimismo al PSOE le pide, igualmente «en el plazo más breve posible», que le informe de «todas las cantidades dinerarias» pagadas por Ábalos al partido, «en concepto de donación o por cualquier otro motivo». Pero también reclama saber las cantidades que el partido le abonó o transfirió indicando la fecha y cualquier otro dato que aclare los conceptos.
Datos laborales para hacer un excel
Los datos de Ábalos no son lo único que reclama el juez instructor del Supremo. En otra resolución, y siguiendo el hilo de la investigación de la UCO, pide saber la vida laboral de los cinco empresarios imputados en el caso Koldo, por pagos de comisiones a cambio de adjudicaciones. La lista la integran Antxón Alonso, Fernando Merino, José Ruz y Antonio y Daniel Fernández Menéndez- así como de los supuestos beneficiarios de las comisiones como Santos Cerdán, Koldo García y su esposa. El juez lo pide para cruzar datos entre personas físicas investigadas y las empresas que forman parte de la investigación del caso.
La petición a la Seguridad Social también se amplía a los trabajadores que formaban parte de estas empresas, altas y bajas y cotizaciones. Todo ello para certificar si Koldo y su esposa fueron contratados por estas empresas y señalar así la contraprestación. Puente también pide información a Hacienda sobre las empresas y los empresarios para constatar la «la verdadera situación patrimonial» de las entidades y los administradores de las sociedades investigadas. En definitiva, el juez argumenta que los datos permitirán conocer «la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuales determinadas personas físicas pudieron haber prestado servicios profesionales para aquellas».
