La Junta de Seguridad celebrada en el Palau de la Generalitat este jueves ha hecho estallar la burbuja de la política expansiva de los Mossos d’Esquadra. La eliminación del pacto de la agenda para que los Mossos también fuesen policía integral dentro de los recintos de los puertos y aeropuertos, añadida a la entrada del CNP y la Guardia Civil en el 112, ha evidenciado la hoja de ruta de la actual consejería de Interior y Seguridad Pública, dirigida por la consejera Núria Parlon con el director general de la policía Josep Lluís Trapero.
De hecho, la consejería de Interior y el ministerio del mismo ramo habían aprovechado la brecha del acuerdo de plan de seguridad de la Copa América para aclarar las funciones de la policía marítima de los Mossos, creada y alimentada por el anterior jefe del cuerpo, Eduard Sallent, y criticada sin complejos por Trapero y sus mandos más afines y, sobre todo, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con quien el nuevo director de la Policía de la Generalitat no quiere ni medio problema después del trance que pasó a raíz del 1-O, por el cual fue juzgado por rebelión, aunque finalmente fue absuelto. Aquel pacto, al cual ha tenido acceso El Món, fue firmado el 16 de julio de 2024 por José Antonio Rodríguez, entonces director general de coordinación y estudios del ministerio, y Pere Ferrer, entonces director general de la Policía. El texto delimitaba y repartía las funciones que eran la base del acuerdo que se debería haber firmado en la Junta de Seguridad de antes de ayer. En aquel momento, solo trascendió una nota de prensa pactada entre las dos administraciones para evitar inquietar a la Guardia Civil.
El acuerdo tampoco era descubrir la sopa de ajo, sino que seguía la fórmula pactada entre la Moncloa y el gobierno vasco para el despliegue total y absoluto de la Ertzaintza en las infraestructuras críticas en Euskadi, en especial, los puertos y aeropuertos. Por otra parte, altos funcionarios de Interior aseguran a El Món que no entienden «la jugada del equipo de Parlon y Trapero dando más que marcha atrás en una decisión crucial para el despliegue y normalización de los Mossos». De hecho, recuerdan que la Junta también ha evitado asumir todas las competencias que aún conserva el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y la entrada definitiva en todos los archivos de alta sensibilidad de Europol.
La Copa América y los vascos
La administración de seguridad que dirigía el consejero Joan Ignasi Elena actuó conjuntamente con la ofensiva vasca para estirar competencias hacia los Mossos. En este sentido, Pedro Sánchez firmó con los vascos un acuerdo detalladísimo, al cual ha tenido acceso El Món, con el que la Ertzaintza «asume como policía integral la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo a las infraestructuras críticas en el puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida». En la misma línea, la policía vasca se integraba en los equipos de inspección portuaria y entraban en el sistema Secureport.
El mismo objetivo tenían los Mossos y antes de la Junta de Seguridad aprobaron, pactaron y firmaron el reparto de las funciones en el marco de la Copa América. «Fue la prueba de que teníamos las competencias y que la ley nos lo permitía, de ahí que Fernando Grande-Marlaska no se podía negar», recuerdan las mismas fuentes del departamento. En este sentido, recuerdan que la Junta de Seguridad se suspendió por la convocatoria electoral, pero, en cambio, la Copa América no y, por tanto, era necesario dejar negro sobre blanco las funciones que asumían los Mossos como policía marítima. «Como ejemplo de la estrategia pactada con la Moncloa en puertos y aeropuertos, los Mossos estaban construyendo la nueva comisaría en el aeropuerto del Prat de Barcelona», subrayan las mismas fuentes.
«Control y vigilancia»
De esta manera, el documento establecía que los Mossos serían los responsables del «control y vigilancia de las bases e instalaciones de los equipos en suelo portuario y vigilancia de las embarcaciones amarradas en el Puerto». A partir de aquí, se identificaban los Mossos como los responsables de las «aguas interiores del Puerto, el control de la lámina de agua hasta la bocana norte y la vigilancia subacuática». En cuanto a las aguas exteriores, desarrollarían las funciones de vigilancia y protección «que les fueran asignadas». Y, para acabar, tendrían las funciones de «policía judicial e investigaciones que se requieran en el ámbito de la línea de costa y aguas interiores».
Este acuerdo firmado era la concreción en un operativo del preacuerdo de la Junta de Seguridad, que establecía al pie de la letra la literalidad del pacto con los vascos. Asimismo, extrapolaba las funciones de Mossos en Barcelona al resto de puertos de Cataluña como el de Tarragona o Palamós. El acuerdo también contemplaba que los Mossos entrarían como policía en la «zona aire» de los aeropuertos de Barcelona, Girona y Reus, una zona hasta ahora controlada por la Guardia Civil y, en algún caso, el Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, puertos y aeropuertos eran para el Departamento de Interior, el mismo negociado, de la misma manera que se asimilaba en el acuerdo con el País Vasco al ser definidas como «estructuras críticas». Ahora la administración de Salvador Illa ha renunciado. De nuevo, los vascos pasan por delante de los catalanes.
