Si no lo era ya antes, la reforma del modelo de financiación territorial del Estado se ha convertido en la batalla central de la legislatura en las instituciones catalanas. Aún inmerso en las réplicas del caos de Rodalies, que ya hace dos semanas que imposibilitan la movilidad de muchos ciudadanos, especialmente en la región metropolitana de Barcelona, el Gobierno lucha por salvar la que debía ser la carpeta estrella del mandato de Salvador Illa. Por este camino ha ido la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en su comparecencia -solicitada por ella misma- en la comisión sectorial del Parlamento que corresponde a su departamento. Más allá de detallar las loas del nuevo sistema diseñado por la ministra española de Hacienda, Maria Jesús Montero, buena parte de la intervención de Romero ha ido dirigida a Junts per Catalunya, el eslabón roto de la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, que el ejecutivo español necesita para sacar adelante el proyecto. Interpelada por su compañero de partido y portavoz del PSC en la comisión, Jordi Riba, la consejera ha apelado al programa electoral de Junts en las elecciones de 2024, que encuentra prácticamente equiparable a la reforma planteada desde Madrid: «Ustedes hablaban de recaudación, suficiencia y ordinalidad, que es exactamente lo que garantiza este modelo. Espero puedan negociar«, ha interpelado al portavoz de los independentistas en el debate, Antoni Castellà.
Romero, cabe decir, ha reconocido ante los diputados las limitaciones del modelo, que reivindica como un avance respecto del sistema de reparto de recursos caducado en 2014, pero que tiene aún huecos. Como alertaban en un comunicado las organizaciones del mundo empresarial catalán, la propuesta es «insuficiente» si se compara con las aspiraciones de soberanía fiscal catalanas y con la cantidad de recursos necesarios para atender el estado del bienestar y las demandas del tejido económico del Principado. A pesar de esto, la consejera ha hecho un llamado al «pragmatismo»; e instó a los partidos catalanes a aprovechar la «ventana de oportunidad» que genera la pobre salud de la mayoría parlamentaria que sostiene el gobierno español para iniciar «el camino hacia la soberanía fiscal». Ha destacado, en este sentido, varios «elementos de singularidad» que, aunque el nuevo modelo mantiene a Cataluña dentro del sistema común, la hacen destacar por encima de otros. Un ejemplo, a ojos de Romero, es la gestión del 56% del IVA de las pymes, un perfil de empresas mucho más numeroso en Cataluña que en el resto de territorios del Estado español. También ha defendido, frente a las críticas de varios expertos, que la reforma garantiza la ordinalidad, si bien lo hace «en tendencia», en tanto que «es muy complicado» hacerlo en términos absolutos. «Hay un cierto equilibrio»; ha argumentado.
Singularidad y costo de la vida
Los argumentos de Romero no parecen haber convencido a los representantes de Junts, que han llamado al Gobierno a «rectificar» en una propuesta que, alertan, «nos puede hacer retroceder» en materia fiscal. Castellà, ante los cálculos económicos que ha lanzado el ejecutivo, ha recordado que «el modelo de 2009 comenzó igual, con números y nada más»; y ha reclamado «ver la letra pequeña sobre la mesa» antes de tomar decisiones. Sobre los términos que ya se conocen, ha señalado la ausencia de dos elementos que aparecían en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, como son «la soberanía fiscal y la relación bilateral con el Estado». «Se firmó bien un concierto, y esto es café para todos», ha argumentado el portavoz juntaire. En este sentido, el representante de Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Salvadó, ha reconocido que aún queda camino para mejorar el modelo, y ha asegurado que los suyos «no dan la negociación por cerrada» con esta medida. «Es un hito en el camino, pero queremos más», ha espetado Salvadó. En el horizonte, para los republicanos, está la gestión completa del IRPF, ya en manos del Congreso de los Diputados. Sin esta segunda palanca «no habrá presupuestos» en la Generalitat, ha remachado Salvadó, que ha instado a Romero a «hacer el trabajo en Madrid» para asegurar los acuerdos en Cataluña.
El gran hueco que han detectado varios partidos -lo ha denunciado el propio Castellà, pero también la diputada de la CUP, Laure Vega– han sido los elementos de cálculo del reparto de recursos. El portavoz de Junts ha lamentado que la ordinalidad solo se respeta para el caso catalán en términos de población ajustada; pero que, si las cifras se ponderan por la población total, el desequilibrio entre recaudación y recursos recibidos sigue siendo igual de amplio. Romero, ante esta crítica, ha recordado que «todos los cálculos se hacen siempre sobre la población ajustada», e instó a los grupos críticos a «no hacerse trampas al solitario» en este sentido. Sin embargo, tanto Junts como la CUP han sido especialmente críticos con la exclusión del costo de la vida como un factor para ponderar el reparto económico entre territorios. Sin esta ponderación, que tiene en cuenta que «cada euro no es igual en Cataluña y en Extremadura», el nuevo modelo «aplica un valor de cambio que no es igual», ha lamentado Vega. Romero ha reconocido este agravio, y lo ha atribuido a una derrota en la mesa de negociación con el ministerio. También lo ha utilizado, sin embargo, para instar a Junts a participar en la negociación en Madrid. «Ojalá en la negociación parlamentaria haya grupos que lo introduzcan», ha deseado.
Contra el dumping
Más allá de las apelaciones a los partidos catalanes, Romero ha recibido los golpes de la derecha y la extrema derecha en el Parlamento -con la excepción de Aliança Catalana, que no se ha presentado a la sesión-. El PP y Vox han atacado los principios que han debatido los partidos catalanes con el PSC, como la ordinalidad o la necesidad de dedicar más recursos al estado del bienestar del país. Frente a esta ofensiva, la consejera ha puesto el foco en el dumping fiscal que están implementando varios gobiernos territoriales en manos de las derechas españolistas, con Isabel Díaz Ayuso al frente. «Reducen los impuestos a los ricos y luego piden más transferencias al Estado porque no tienen suficientes recursos. Esto es muy injusto», ha reprochado la titular de Economía, que clama que la solidaridad territorial implique «que el esfuerzo fiscal sea similar». En este sentido, los socialistas han coincidido con los Comuns en la demanda de un mínimo retributivo para varias figuras fiscales. El portavoz del partido, David Cid, ha reclamado que «no se plantee que, en función de las mayorías políticas, los catalanes hagan más esfuerzo que los demás» porque Ayuso y sus aliados «deciden libremente que pueden prescindir del impuesto de patrimonios». Cid, en este sentido, ha puesto el peso sobre Junts, y ha cuestionado a los independentistas si aceptarán la nueva financiación o si, por el contrario, se posicionarán «con Vox y el PP».
