Junts per Catalunya no cierra la puerta a apoyar la prórroga de los alquileres, que cayó tras el rechazo del Congreso, pero reclama al PSOE que, por un lado, se corrija el texto y, por otro, que se aprueben incentivos fiscales en materia de vivienda como desgravar alquileres, hipotecas y cuentas de ahorro. Fuentes de Junts han explicado a El Món que los socialistas españoles ven con buenos ojos estas medidas recogidas en una proposición no de ley registrada por los de Carles Puigdemont en el Congreso, y recuerdan que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avalado recientemente activar incentivos fiscales a la compra y al alquiler de la vivienda. «Hay un interés en poder tener en cuenta las políticas de Junts», señalan, y añaden que dentro del gobierno español el PSOE es consciente de que debe haber un cambio en materia de vivienda porque las políticas que se han aplicado hasta ahora «no son buenas».
El cambio del PSOE en materia de vivienda, según las fuentes de Junts, es porque en el seno del gobierno español hay preocupación porque el tema de la vivienda comienza a pasar factura a los de Pedro Sánchez, algo que hasta ahora no ocurría. Esta, según ellos, es una de las razones que ha llevado al PSOE a tener interés por los incentivos fiscales planteados por Junts en la proposición no de ley registrada en el Congreso. El texto, que los socialistas podrían hacer suyo en forma de decreto, establece una deducción del 15% en el IRPF para las cantidades pagadas por la hipoteca o el alquiler de la vivienda habitual, con un límite de 11.630 euros anuales. Asimismo, plantea el mismo incentivo fiscal para los titulares de las cuentas bancarias destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.
Las fuentes de Junts consideran que el coste de las medidas fiscales en materia de vivienda tiene unos costos «asumibles» para el Gobierno español y fijan las deducciones de hipotecas y cuentas de ahorro en unos 2.500 millones mientras que las deducciones de alquiler es una cantidad mucho más baja, entre unos 200 y 300 millones de euros. «Veremos en los próximos días qué pasa», apuntan las mismas fuentes, que defienden que estas medidas fiscales deben tener efectos a corto y mediano plazo, pero desde Junts creen que hay que ir más allá y ponen énfasis en la necesidad de invertir en vivienda pública para hacer frente al problema de vivienda que hay en Cataluña y en el Estado español.
Junts cuestiona la necesidad de recuperar el decreto de prórroga
A pesar de abrir la puerta a apoyar un nuevo decreto de prórroga porque desde Junts no están en contra de la medida siempre que el propietario esté de acuerdo, las mismas fuentes señalan que no creen que resuelva el problema. En cualquier caso, desde Junts se insiste que el texto anterior estaba mal hecho y que no era una buena norma. «Cuando rechazamos una norma es que con los datos sobre la mesa no convenimos que es la mejor opción», defienden, y las fuentes del partido de Puigdemont señalan que el PSOE también opina que la norma estaba mal hecha y que, incluso, Sumar les trasladó a Junts que era necesario rectificarlo. Para apoyar un nuevo decreto de prórroga, Junts reclama que estas prórrogas se apliquen siempre que los inquilinos estén al corriente de pago y también quieren que se incluya en el contrato —si no está— que la posibilidad de que el propietario pueda recuperar el uso de la vivienda si la necesita para vivir él o un familiar.
Asimismo, quieren que el precio se actualice con el IRAV, el índice que el mismo gobierno español introdujo para actualizar los precios de los alquileres y, finalmente, que se suprima del texto que los grandes tenedores puedan prorrogar contratos en zonas tensionadas sin aplicar los topes de precio que implican una reducción de estos. «No sé si les vale la pena recuperarlo», señalan las fuentes sobre la posibilidad de que se vuelva a aprobar un nuevo decreto y también apuntan que la campaña informativa iniciada por Sumar para pedir la prórroga de los contratos de alquiler no ha cuajado entre la sociedad. «Lo que nos llega del gobierno español es que no saldrán los números porque son ridículos. No es una medida que tendrá acogida», afirman.
