Junts per Catalunya ha reclamado que se revierta el decreto del gobierno español que facilitó deslocalizar las sedes de empresas catalanas durante el Proceso el 2017. El portavoz de la formación independentista, Josep Rius, ha subrayado también que después se sancionen las que no quieran volver y se incentiven con medidas fiscales las que estén en Cataluña.
Rius ha manifestado este martes en una entrevista a SER Cataluña «todas las empresas que se mantuvieron en Cataluña o quieren volver tendrán incentivos fiscales» y, entre estos beneficios fiscales, ha puesto el ejemplo que pagarán menos impuesto de sociedad. Por otro lado, ha dicho que «solo aquellas que no lo quieran hacer, que se contemple que puedan ser sancionadas». «Nosotros somos un partido de obediencia catalana y, por lo tanto, lo que queremos es que aquellas empresas que tienen su actividad mayoritaria en Cataluña tengan la sede social en Cataluña», ha sentenciado.
De hecho, Junts per Catalunya aprovechó la primera sesión de control en el gobierno español a mediados de diciembre para preguntar al ejecutivo de Pedro Sánchez si cumplirá con el acuerdo de investidura y garantizará la vuelta de las empresas que se marcharon de Cataluña durante los años del Proceso. El diputado de Junts por Tarragona, Josep Maria Cruset, fue el encargado de formular la pregunta al ministro de Industria y Turismo, el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, y lo urgió a detallar qué garantías impulsará para favorecer el retorno de estas compañías.
8.000 empresas han marchado al País Valenciano, el Aragón o Madrid
Según datos de Informa D&B, los últimos seis años Cataluña ha perdido más de 8.000 empresas con ventas estimadas por valor de 56.000 millones de euros. La mayoría de estas empresas marcharon en 2017 (1.863), en pleno Proceso y después de la celebración del referéndum del 1 de Octubre. La mayoría marchó al País Valenciano, a Madrid o en el Aragón y establecieron su sede, como es el caso de CaixaBank en València. También marcharon otras compañías de la Ibex 35, como Banco Sabadell en Alicante y Naturgy, Cellnex, Abertis y Colonial a Madrid.
