Aliança Catalana, el partido xenófobo encabezado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, puede conseguir una segunda alcaldía en Cataluña si sale adelante la moción de censura planteada a Ribera d’Ondara (Segarra). La iniciativa, que surgió de un pacto entre la formación de extrema derecha y las tres regidoras que se presentaron por Esquerra para echar el alcalde en minoría del PSC, Francesc Sabanés, se presenta esta semana al consistorio.
La alcaldía le pertenece a Elisabet Jové, que dejó de militar en Esquerra Republicana a raíz de las negociaciones que inició con el partido ultra, pero Jové tendrá que coger de aquí a poco tiempo la baja por maternidad y esto, según ha avanzado la Ahora y ha confirmado la ACN, provocará que durante unos meses la alcaldía sea para Albert Puig, de Aliança Catalana. Sabanés, que gobierna con minoría y fue investido gracias a la abstención de Puig, ha definido todos estos movimientos como un «trapicheo muy forzado que no se coge por ningún lugar» y que, según él, solo provoca «follón y bloqueo» en el pueblo.
Esto transciende después de que el pleno del pasado viernes no duró ni diez minutos ante la negativa a intervenir por parte de los regidores que todavía son a la oposición. Sabanés ha reclamado que el municipio necesita seguir con su día a día y ha lamentado la actitud que tienen los regidores de estos dos grupos, que todavía no han presentado la moción de censura. Aun así, lo encara alcalde cree que se hará efectiva esta semana porque así lo manifestaron sus impulsores.
Jové se marchó antes de que ERC la echara
La negociación de esta moción de censura generó mucho malestar en la dirección de Esquerra Republicana, que amenazó de emprender acciones disciplinarias contra Elisabet Jové, que era la única militante de ERC de las tres que formaban el grupo. Aun así, la formación no tuvo que tomar ninguna decisión porque ella misma abandonó el partido por no perjudicarlo. Aliança Catalana y ERC-AM, que desaparecerá como grupo si prospera la moción, exigen un relevo a la alcaldía por «mal funcionamiento» y también por «carencia de transparencia», «mala gestión» e incluso «sospechas de corrupción» del consistorio.
