El pleno del Parlament ha avalado este miércoles el decreto del Govern que modifica el impuesto de estancias en establecimientos turísticos y ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley, pero, en cambio, la cámara ha rechazado otro decreto que modificaba el primero, con el objetivo de que la tasa turística comience a aplicarse en octubre y no el 1 de mayo como estaba previsto. Este revés parlamentario, que se ha producido por los votos en contra de Junts, PP, Vox, Comuns, CUP y Aliança Catalana, y que ha evidenciado tensiones entre los dos socios del ejecutivo; ha obligado al ejecutivo de Salvador Illa a actuar.
Ante esta situación, la consejera de Economía, Alícia Romero, ha anunciado de urgencia que el Consejo Ejecutivo aprobará el próximo martes un nuevo decreto con carácter retroactivo para posponer la entrada en vigor de la nueva tasa turística. Romero ha asegurado que el ejecutivo socialista ya tenía la voluntad de que la tasa entrara en vigor el 1 de mayo, pero que «cedió» para posponerla. Con todo, se ha mostrado «sorprendida» por el voto de algunos grupos en la votación del decreto para posponer la entrada en vigor y ha pedido al partido de Puigdemont que sea «responsable» y convalide el nuevo decreto en la cámara.
«Han dado la espalda al sector, no al Gobierno», ha criticado Romero, que ha justificado la decisión que adoptará el Consejo Ejecutivo de la próxima semana porque es «lo único que puede hacer el Gobierno», pero ha reconocido que, hasta el martes, se entra en un terreno de «inseguridad jurídica». Así, cree que se podrá hacer una «tramitación tranquila de las modificaciones a la tasa turística, acordadas con los sectores». «No tenemos otra opción», ha defendido.
Junts cree que la votación deja en evidencia al Gobierno de Illa
Desde Junts per Catalunya, han cargado contra el ejecutivo porque en la votación, según ellos, «se ha vuelto a mostrar la mala gestión» del Gobierno de Salvador Illa y ha exigido la derogación «inmediata» del decreto. «Quien debe controlar los acuerdos con sus socios es el Gobierno y no la oposición», y ha remarcado que el presidente de la Generalitat «no tiene la confianza de sus socios» y le ha acusado de «vender el país para mantenerse en el poder». «Ya vemos cuál es el precio de gobernar con los Comuns», ha añadido.
A pesar del llamado de Romero para que aprueben el nuevo decreto, la portavoz de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha dejado claro que «si la praxis que utilizan es la misma que han usado hasta hoy no cuenten con nosotros» y ha reiterado la necesidad de derogar el decreto porque «ya les advertimos que el sector no estaba contento con este decreto porque no se había consensuado con ellos». De hecho, fuentes de Junts han explicado que «así no se puede gobernar» y han dejado claro que ellos no «debían salvar los muebles» al Gobierno porque el decreto lo hicieron a espaldas de Junts y el sector. «Lo que debían haber hecho es retirarlo», han señalado, y han recordado que ya lo hicieron con el decreto de campings cuando vieron que no había consenso para sacarlo adelante.
Tensión entre Esquerra y los Comuns
El portavoz de los Comuns, David Cid, ha acusado a Esquerra Republicana de defender la propuesta de la patronal de turismo y de rebajar la tasa turística negociada entre el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Así, ha asegurado que la propuesta de su grupo es más ambiciosa que la de los republicanos, con quienes se ha mostrado «sorprendido y decepcionado». Fuentes del grupo de Albiach han detallado que el Gobierno conocía que se opondría a posponer su entrada en vigor. «Supongo que pensaban que Junts votaría a favor del aplazamiento», han expuesto las mismas fuentes. Desde ERC, Laia Cañigueral, ha defendido que se tramite como decreto ley, ha criticado que el decreto se aplicara ya el 1 de mayo, sin margen de adaptación para el sector, y también ha apostado por que haya una diferenciación territorial y estacional de la tasa y que no se aplique igual a hoteles y albergues juveniles.
