Este 8 de agosto se cumple un año de la investidura de Salvador Illa como el 133º presidente de la Generalitat, una sesión del Parlamento marcada por el retorno y posterior desaparición de Carles Puigdemont. «Ha llegado la hora de que todos y cada uno de los catalanes y catalanas volvamos a sentirnos parte de la misma Cataluña», manifestó durante su discurso para pedir la confianza de la cámara para ser investido. Era solo un trámite, ya que Illa tenía garantizada su investidura tras los acuerdos alcanzados días antes con Esquerra Republicana y Comunes. Desde entonces, la cámara catalana ha dejado de centrarse en clave nacional y la palabra independencia ha desaparecido del centro del debate. «El debate ha vuelto al eje izquierda-derecha, y por fin hemos vuelto a ver un Parlamento donde los partidos de izquierda apuestan por políticas sociales y económicas de alcance progresista», destacó la portavoz del PSC, Elena Díaz, al hacer balance de este primer año después de que el independentismo perdiera la mayoría absoluta en la cámara en las elecciones del 12-M. De hecho, según subrayó la misma dirigente socialista, el PSC, ERC y Comunes han coincidido en el 67% de las votaciones en la cámara catalana, y, a pesar de la falta de presupuestos, han sacado adelante hasta tres ampliaciones de crédito para apuntalar las cuentas prorrogadas del año 2023. Además, el bloque de la izquierda, si se incluye la CUP, ha coincidido en el 61% de las votaciones. Las cuatro formaciones, por ejemplo, blindaron la regulación del alquiler para proteger el derecho a la vivienda.
Díaz, además, destacó que «el bloque de investidura se ha ido manteniendo», y aseguró que este primer año ha servido para «reafirmar relaciones y establecer un vínculo de confianza». En este sentido, el grupo de Esquerra Republicana se ha convertido en el socio más fiable del ejecutivo de Salvador Illa, con una coincidencia del 72,3% de votaciones, un porcentaje más alto que con los comunes, que se sitúa en un 70,4%. A pesar de esto, y el tripartito de facto que ha representado este año de legislatura, Junts, el principal partido de la oposición, ha coincidido en el 68% de las votaciones con el grupo que apoya al Gobierno de Salvador Illa. Mucho más lejos queda el PP, que ha aprovechado el caso Cerdán para aumentar el tono de agresividad hacia Illa. A pesar de esto, socialistas y populares han coincidido en el 38,7% de las votaciones. Estas cifras demuestran que el debate nacional ha quedado en un segundo plano, por detrás de políticas sociales o económicas, entre otras, pero otro dato que reafirma esta tesis es el bajo porcentaje de coincidencia de los grupos parlamentarios independentistas, con Aliança Catalana incluida. Los 61 diputados del bloque independentista, con las dos diputadas de AC incluidas, solo han coincidido en el 37% de las votaciones. En cambio, el tripartito españolista del PSC, el PP y Vox, que también suma mayoría y que ha tumbado algunas propuestas como la de reservar un 70% de plazas de medicina a estudiantes catalanes, ha coincidido en apenas el 24% de votaciones.
Desde el inicio de la legislatura, el Pleno del Parlamento se ha reunido 28 veces y ha aprobado 8 leyes, entre las cuales está la supresión de los beneficios fiscales para el Hard Rock, la del Estatuto de los municipios rurales y la del cambio de comarca de Aiguafreda. Además, el Gobierno ha logrado validar 15 de los 16 decretos que ha sometido a convalidación. Es decir, los ha aprobado todos excepto el que posponía la entrada en vigor del aumento de la tasa turística. Un contratiempo que el ejecutivo corrigió días después con otro decreto, aquel sí pactado. Este es uno de los cuatro que, a propuesta de los grupos parlamentarios, se están tramitando como proyecto de ley a fin de incluir mejoras, junto con el de medidas urgentes en vivienda y urbanismo, uno en materia fiscal y otro relativo al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Por otro lado, el ejecutivo decidió retirar el decreto sobre inundabilidad en los campings ante la previsión de que la cámara también lo rechazara y apostó por la creación de un grupo de trabajo para redactar uno nuevo. Además, la cámara ha validado 112 mociones y 40 resoluciones. Aparte de eso, este año ha evidenciado que el PSC, como suele pasar con el grupo que apoya al Gobierno, mantiene un perfil bajo y tiene una función de proyectar la obra del ejecutivo de Salvador Illa. ERC y Comunes han mantenido las posiciones de la investidura y se han erigido en socios prioritarios y fiables del ejecutivo, mientras que la CUP ha entrado en la negociación con el ejecutivo, sobre todo en materia de vivienda. En cambio, Junts y PP han intentado aprovechar sus intervenciones para desgastar al ejecutivo de Salvador Illa, que, por ahora, disfruta de una legislatura sin grandes sobresaltos a pesar de no disponer de presupuestos y de algunos contratiempos como el caos de Rodalies o el reciente desbarajuste en las adjudicaciones de plazas docentes. Finalmente, Vox y Aliança Catalana, las dos formaciones de extrema derecha, disputan un espacio en la cámara con discursos contra la inmigración. Algunas conclusiones del primer curso parlamentario de la decimoquinta legislatura:
ERC y Comunes: dos aliados diferentes pero con un nivel de fidelidad alto hacia el ejecutivo de Illa
ERC, que ha vivido un año convulso desde el acuerdo de investidura con los socialistas y el posterior proceso congresual interno, ha reclamado de forma insistente «ambición» al presidente de la Generalitat para defender los intereses de Cataluña frente a Madrid y el cumplimiento de los acuerdos como la financiación o Rodalies, que no se han logrado en los términos que establecía el documento firmado entre socialistas y republicanos. A pesar de esto, y con la credibilidad en juego, el grupo parlamentario liderado por Josep Maria Jové y Ester Capella ha dado oxígeno durante este año al ejecutivo de Illa en materia presupuestaria con la validación de los suplementos de crédito. La negociación por los presupuestos del 2026, que el Gobierno quiere iniciar después de las vacaciones de verano, será un buen termómetro para medir la capacidad de los republicanos y ver si son capaces de romper si las concreciones de los acuerdos no llegan como ellos reclaman. De hecho, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha recordado que finalizar la financiación singular, avanzar en la recaudación del IRPF y en el fortalecimiento de la Agencia Tributaria Catalana, y en el reconocimiento de la ordinalidad son aspectos cruciales para negociar las cuentas del próximo año. Pero habrá que ver si esta amenaza es real o, a la hora de la verdad, la formación mantiene el apoyo a Illa.
Por otro lado, los Comunes, el otro socio prioritario del Gobierno, han tenido un papel similar al de los republicanos. Han validado los suplementos de crédito y han dado estabilidad al ejecutivo este primer año, pero es que los seis diputados tampoco les dan mucho margen de maniobra. A pesar de esto, han convertido la vivienda en su principal prioridad y han logrado obtener concesiones por parte del ejecutivo socialista. A pesar de que la ampliación del aeropuerto del Prat acordada fuera del Parlamento encendió los ánimos de la formación que lidera Jéssica Albiach, esta no parece una línea roja por parte de los Comunes. De hecho, no forma parte de las condiciones para negociar las cuentas del 2026. El portavoz exigió al ejecutivo afrontar retos como la vivienda, Rodalies y servicios públicos, si quiere su apoyo. «Es un gobierno que tiene las prioridades equivocadas. Un ‘Gobierno de todos’ no responde a las élites, prioriza el transporte que utiliza todo el mundo», criticó Cid. La CUP, por su parte, inició la legislatura en pleno Proceso de Garbí. Durante esta legislatura, el grupo parlamentario liderado por Laia Estrada y Laure Vega han aceptado negociar con los socialistas la regulación del alquiler de temporada, un cambio de posicionamiento que abre la puerta a otros pactos con los socialistas. A pesar de esto, habrá que ver cómo se reorganiza el grupo parlamentario cupaire tras la renuncia de Laia Estrada como diputada por discrepancias con el partido. Una renuncia que se hará efectiva al regreso de las vacaciones.
Junts intenta desgastar a Illa con gran parte de la atención puesta en Madrid
Junts per Catalunya es el principal partido de la oposición y ha centrado su actividad en desgastar al ejecutivo de Salvador Illa, a quien le ha reprochado el desgobierno y la dependencia de Madrid, del PSOE y de Pedro Sánchez. Asimismo, ha puesto el foco en los incumplimientos de los acuerdos de investidura, un intento de debilitar al Gobierno por no cumplir con su palabra, pero también a los republicanos por mantener la estabilidad del ejecutivo. Esta actuación la han liderado Albert Batet y Mònica Sales, presidente y portavoz del grupo parlamentario respectivamente, en ausencia de Carles Puigdemont que sigue en el exilio a la espera de que se le aplique la ley de amnistía aprobada hace más de un año. Con todo, la formación sitúa la prioridad de acción en Madrid, donde sus siete diputados tienen la clave de la gobernabilidad y también aprovechan para cargar contra los republicanos. El mismo Puigdemont, en la celebración de los cinco años de su fundación, cargó contra los que «salen negociados de casa», y se dejan «renuncias por el camino» cuando llaman a la puerta de Madrid.
El PP, por su parte, ha intentado arrebatar a Junts el papel de oposición a Illa y ha optado por un papel similar al que los populares mantienen en el Congreso de los Diputados, sobre todo a raíz de estallar el caso Santos Cerdán, que vinculan con la etapa de Salvador Illa como ministro de Sanidad. La tensión que se vive entre populares y socialistas en Madrid se ha trasladado a la cámara con el objetivo de los populares parece claro: intentar desgastar tanto como pueda al PSC en Cataluña para sacar rédito en Madrid. Tras un inicio de legislatura donde los populares centraron su discurso en denunciar los pactos de los socialistas con el independentismo, la tensión entre unos y otros ha llegado hasta el punto que el presidente de la Generalitat ha amenazado al líder del PPC, Alejandro Fernández, con acciones legales por vincularlo con Xiaojuan Li, representante legal de Hangzhou Ruining Trading, y la compra de mascarillas defectuosas.
Vox y Aliança Catalana: la extrema derecha se mira de reojo
Vox y Aliança Catalana, las dos formaciones de extrema derecha, se miran de reojo en el Parlamento porque luchan por un mismo voto antiinmigración, pero comparten un discurso islamófobo que les permite llegar a acuerdos en este ámbito y amplificar su mensaje. Sin ir más lejos, las dos formaciones pactaron enmiendas en una moción del partido de Sílvia Orriols contra el uso del velo islámico en espacios públicos, que no prosperó. Sin embargo, la extrema derecha supuestamente independentista se ha convertido también en competencia para los ultras españoles. Esta competencia y, a pesar de la cruzada de Vox contra la lengua, ha hecho que el grupo que lidera Ignacio Garriga haya comenzado a hacer más uso de la lengua catalana esta legislatura. Si en la legislatura pasada predominaba el castellano, el cambio del uso del idioma se ha hecho notar en plenos y comisiones, pero también en entrevistas como la que concedió el mismo Garriga a TV3 hace unos meses. Aparte de eso, la irrupción y el crecimiento de la formación de Sílvia Orriols que pronostican las encuestas hace casi imposible que el independentismo pueda recuperar la mayoría absoluta.
