Cruzada de la Mesa del Parlamento para modernizar, agilizar, hacer más eficaz y otorgar más solvencia a la cámara catalana, pero hasta un límite. Este es el objetivo de un conjunto de recomendaciones que la mesa que preside Josep Rull a los grupos parlamentarios de cara al próximo curso político. Sobre todo son orientaciones, basadas en la lealtad institucional y más respeto al Reglamento del Parlamento, dirigidas a la agilización del procedimiento legislativo ordinario. Un anuncio que coincide con el fin del curso político que se retomará oficialmente en el debate de política general del 10 de octubre, pero que técnicamente será en la víspera de la Diada Nacional con la recuperación de la celebración institucional de la cámara catalana.
Ahora bien, la Mesa descarta medidas coercitivas para cumplir esta quimera o dar un paso más allá, como ya han hecho otras cámaras parlamentarias europeas —la del Reino Unido— que no permiten a los diputados leer sus intervenciones o bien limitan el número de propuestas de resolución, mociones o interpelaciones. Aunque, la Junta de Portavoces ya limitó, por ejemplo, el número de propuestas de resolución en el debate de política general. De momento, tanto Rull como la vicepresidenta Raquel Sans y la secretaria Rosa Maria Ibarra rechazan aplicar medidas más drásticas como la prohibición de la lectura y solo permitir a los diputados poder “consultar notas”.
Agilitar el proceso legislativo
Para la Mesa del Parlamento no tiene ningún sentido que una ley tarde hasta catorce meses como ha pasado con la ley contra el sinhogarismo. Por un lado, el objetivo es tener un procedimiento parlamentario “más rápido, ágil y consistente”. Primero de todo, la Mesa detectó un “gran cuello de botella” en el trámite de audiencias de un proyecto legislativo, un punto débil que el próximo curso esperan arreglar. “No tiene ningún sentido que un trámite de audiencias, que es de 15 días, se alargue hasta un año”, apunta Rull en un encuentro explicativo de las recomendaciones.
El trámite de audiencias implica que los sectores afectados por la ley puedan opinar sobre el texto o las necesidades del sector afectado. Un trámite que últimamente se había convertido en un tránsito alargado de monólogos y posiciones ideológicas y políticas, que convertían las sesiones en monólogos poco productivos. Por eso, es en este punto donde la Mesa quiere presionar a los grupos.
Reducir los plazos
De entrada, la propuesta contempla flexibilizar el trámite cuando la ley ha superado el debate en su totalidad del plenario. A partir de aquí, la Mesa anima a designar “cuanto antes mejor” a los miembros de la ponencia que en una “reunión informal” pongan orden y evalúen qué audiencias deben celebrarse presencialmente y cuáles por escrito. Una vez decididas las audiencias se debe nombrar un relator que coordinará la ley y agendará las audiencias, pudiéndose reducir el tiempo de intervención de los grupos.
El trámite no debería superar los dos meses como máximo, aunque el Reglamento contempla quince días. Una vez ha terminado esta fase, la Mesa plantea abrir el período de enmiendas antes de publicar el informe de las audiencias. Unas enmiendas que deberán ser de supresión, modificación o adición, pero no podrán ser de diferentes tipos a la vez. El cálculo es reducir el proceso legislativo a 6 o 7 meses como máximo. De hecho, el Parlamento es consciente de que se tarda más en aprobar una ley en la cámara catalana que en las cortes españolas que están integradas por dos cámaras. La Mesa también quiere ordenar los trámites por lectura única, pero eso ya son higos de otro costal porque la rapidez del trámite a menudo cuela enmiendas contradictorias. Todas estas recomendaciones, sin embargo, dependerán de la voluntad de los grupos sin ninguna arma escondida para esquivar el filibusterismo parlamentario.
